LA HABANA, Cuba. – Ramón (Moncho) Pérez Conde, preso político cubano recluido en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este por el supuesto delito de propaganda enemiga, fue golpeado por oficiales de ese penal por negarse a pararse en firme cuando estos pasaban por su lado.
Sobre el suceso, Pérez Conde ofreció detalles a CubaNet vía telefónica. Según contó, se encontraba en la compañía No. 3 del Edificio 2 sentado sobre una tanqueta cuando los guardias pasaron y le dijeron que se tenía que parar en firme.
“Yo no soy un militar; ya yo fui a un tribunal para que ellos me sancionaran por gusto a 12 años. El reeducador Pupo y el jefe de grupo Erly me dieron tremenda mano de golpes por no pararme en firme. Me cayeron a empujones y me llevaron para Orden Interior. Ahí empecé a gritar ‘Abajo la dictadura’; me echaron spray en los ojos, me arañaron”, relató el preso político.
“No es la primera vez que me pasa, me han echado dos veces spray de pimienta y eso arde demasiado en los ojos”, agregó Pérez Conde.
“Aquí en la prisión maltratan a las personas, las humillan. Nosotros por lo que tenemos que pasar es fuerte. Uno tiene que tener tabla [paciencia], como se dice en la calle, pero a veces el maltrato es inconcebible. Aquí hay gente que está sorda, ciega… Que se sepa que a los presos políticos le están dando golpes”, denunció también el activista.
Al respecto, su hermano Guillermo Duarte Conde expresó a CubaNet que, a pesar de que los oficiales “son unos abusadores, Moncho es valiente y no se deja intimidar”.
“Si mi mamá Ana María Conde estuviera viva estaría sufriendo mucho, pensando en cómo estaría mi hermano. A ella le dolía todo lo que le pasaba a su hijo y enseguida lo denunciaba”, también dijo Duarte Conde.
Ramón Pérez Conde fue sentenciado a 12 años de privación de libertad. Según expresa su acta de sentencia, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, el activista fue condenado a cárcel por realizar “directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado”.
De acuerdo con el régimen, las transmisiones en vivo tenían “contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista” e iban “en contra de los derechos de los demás ciudadanos”.
