PUERTO PADRE, Cuba.- Mintió Díaz-Canel y falsificó la realidad política y jurídica de Cuba, cuando recién entrevistado de forma anodina por Ignacio Ramonet, en relación con las protestas ciudadanas por las que hay cientos de personas encarceladas, a las que se criminalizó sus derechos de opinión y libre expresión, sancionándoseles por delitos graves, como el de sedición, dijo: “La opinión que puede tener alguien que no esté con la revolución, no se reprime”.
Lenguaraz resulta esa afirmación. Y desmentirla es posible de muchísimas formas. Es posible probar que Díaz-Canel miente cuando niega la represión de los derechos civiles en Cuba desde el punto de vista jurídico, sociológico, histórico y político. Él, Díaz-Canel, lo sabe. Él, Díaz-Canel, dio una “orden de combate” fratricida el 11J.
Pero en lo que me concierne, como profesional de las Ciencias Penales que soy, ocupado en el periodismo libre desde hace muchísimos años, en temas de investigación y de opinión por los que he sido objeto de acoso policial perenne, y no sólo yo sino también mi familia, y como consecuencia de esa represión se me han negado todas las licencias, desde la de construcción de nuestra casa, la de posesión de armas deportivas y hasta la de talar un árbol, en este caso de flagrante desfachatez, para probar que Miguel Díaz-Canel falsea la cotidianidad política cubana, basta la carga de pruebas desde la experiencia personal, sin necesidad de recurrir a las tristísimas causas de mis compatriotas que ya van apuntando cuales crímenes de lesa humanidad en tanto hieren a la nación cubana toda.
Ejerciendo el periodismo libre, según la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19 se expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” así he sido perseguido en Cuba, teniendo, como único medio de protesta hasta que las redacciones de los medios con los que colaboro lo denunciaran, la huelga de hambre, callada, solitaria, por haber sido privado de libertad de forma arbitraria, delincuencial, sin haber cometido yo ningún delito y sí cometiendo delitos de privación de libertad mis perseguidores; sí, así, contrario al decir falaz de Díaz-Canel, he pasado encierros en los calabozos de Puerto Padre, de Las Tunas, de Villa Clara y hasta de la recóndita Manicaragua, a donde vaya usted a saber a qué jefe de esbirros de la policía política se le ocurrió ordenar encerrarme.
De esas detenciones arbitrarias conoce, y debe recordar por haber dirigido él mismo una de ellas, el jueves 22 de marzo de 2012, el mayor de la Seguridad del Estado Eduardo Velázquez Infante, que ahora, generosamente otorgado por la administración Biden, disfruta de un parole humanitario en Estados Unidos. Describimos ese asunto del represor con parole en este sitio hace relativamente poco tiempo. Como también, en ocasión de suceder esa detención durante la visita a Cuba de Benedicto XVI, en marzo de 2012, Diario de Cuba publicó el artículo titulado, ¿El Papa…? ¡Detrás de las rejas!
De la misma forma recordará el teniente coronel Héctor de la Fe Freire, jefe del Ministerio del Interior en Santa Clara —muy publicitado esta semana por haber capturado a una banda de estafadores—, el secuestro sobre mi persona que él, entonces mayor, junto al capitán Léster González Hernández, hicieran el domingo 25 de julio de 2010 en la ciudad de Santa Clara, apoyados por cuatro policías en dos carros patrulleros.
De la Fe Freire recordará cómo, sin saber ellos qué hacer conmigo, esa tarde estuvieron llevándome de una estación de policía a otra en la ciudad de Santa Clara, hasta que recibieron órdenes superiores y me condujeron a los calabozos en Manicaragua, donde el capitán González Hernández me ocupó, la “poderosa arma” que yo llevaba en mi mochila, junto a la libreta de notas y la pluma: La Declaración Universal de Derechos Humanos. De aquel suceso Diario de Cuba publicó en julio de 2010 una noticia titulada, Detenido Méndez Castelló en Santa Clara.
Pero según expresé al inicio, el perseguido no sólo he sido yo, sino que también y por causa mía fueron reprimidos mis ya difuntos padres; y mi familia cercana toda. Los esbirros de la policía política en Puerto Padre, en el colmo del abuso de autoridad, llegaron a tomar la garita de los custodios del almacén de la industria alimenticia municipal, situada frente a nuestra casa, haciendo de ella un punto de observación constante sobre nuestro hogar.
Por docenas, chivatos y oficiales de la policía política pasaron días y noches observándonos en esa garita, en un acoso constante, estúpido, por lo que las palabras de Díaz-Canel me inspiran no sólo asco, desprecio, sino también lástima por obtusas; sí, siento pena cuando Díaz-Canel dice que, en Cuba, no se reprimen las opiniones contrarias al régimen comunista por la imbecilidad supina de tratar de ocultar lo público y notorio.
Pero criminales al fin, buscándome en los días en que el presidente Obama visitó Cuba, durante un registro encubierto a nuestra casa, donde yo no me encontraba, empleando fumigadores de Salud Pública llegaron a rociar con insecticidas dos veces en el mismo día la habitación de mi madre, postrada, con la enfermedad de Alzheimer, lo cual le provocó alergias que precisaron de asistencia médica. Y con mi hijo el crimen no fue menor.
A mi hijo más pequeño, un adolescente graduado de preuniversitario, le troncharon la carrera universitaria; habiendo aprobado las pruebas de ingreso a la universidad, las de Matemática y de Español, desaprobaron al muchacho en Historia, pero no por insuficiencias de contenido ni por faltas de ortografía garrafales, esas poniendo b, de burro, donde va v, de vaca; ¡no!, sino porque según los calificadores, había puesto “tildes indebidas”.
Quien pretenda ocultar, como Díaz-Canel, que en Cuba exista represión, cae en la ciénaga de sí mismo. Bajo el régimen totalitario castrocomunista no existe libertad de opinión ni de manifestación, porque en su letra y en su espíritu, esas libertades están conceptuadas como delitos, y no sólo en el Código Penal, sino también en otras leyes, como la Ley 88, que restringen, limitan o anulan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los derechos civiles todos, porque es el Estado en sí mismo, el diseñado para coartar las libertades del ciudadano, y no sólo del individuo abiertamente opositor, sino también hasta de aquel mero murmurante, y, para ese cometido de acoso o de coerción, la policía política emplea todas las instituciones de la administración pública y el Estado, no sólo gubernativas, sino hasta las de educación y salud. Y Díaz-Canel lo sabe. Y miente.
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