A pocos meses de que acabe el año, ninguno de los seis contenedores de ropa de segunda mano que el Estado cubano había previsto importar en 2023 desde Canadá, la India y otros países ha llegado a los puertos de la Isla. La mala calidad de los artículos, cuya compra le costó al país 1,32 millones de dólares en 2021, según la prensa oficial, dificulta su venta a los cubanos, que prefieren las prendas que ofrecen los comercios privados.
Aunque los dirigentes del Ministerio de Comercio Interior en Ciego de Ávila pronostican un “renacer” de las llamadas trapi-shopping, las cifras que entregaron a Invasor –con muchas reticencias, según el diario– dicen todo lo contrario: la provincia aportó solamente 11,4 millones de pesos en ventas, y las autoridades lamentan que el grueso de los clientes opte, a pesar de los altos precios, por las tiendas privadas y la compra informal por internet.
En 2014, las autoridades de Sancti Spíritus debieron rebajar la ropa hasta un 70% de su precio inicial
De hecho, como indica el periódico, ya el Gobierno instruyó en años anteriores “congelar” la importación de ropa hasta que no se venda lo que hay estancado en los almacenes. Sucedió en 2014, cuando las autoridades de Sancti Spíritus debieron rebajar la ropa hasta un 70% de su precio inicial, tras contar con 17 millones de pesos “inmovilizados” en concepto de “prendas sin salida comercial”.
Sin admitir si las autoridades nacionales han frenado o no las importaciones, los dirigentes locales como Pablo Acosta –director para Ciego de Ávila de la estatal Empresa Universal– reconocen que ha habido una caída notable y que la venta estatal de ropa es de todo menos indispensable.
En 2018, la última vez que llegaron los seis contenedores previstos, “la soga se rompía en las calidades de la ropa”. Los cubanos, que llamaban a las tiendas estatales minoristas para saber si había llegado alguna prenda de su talla o esperaban durante horas en largas colas para entrar a los establecimientos, no veían recompensados sus esfuerzos: las camisas solían venir manchadas, los pantalones eran grandes y la mayoría de las piezas tenían un uso excesivo, o eran sencillamente feas.
Un estudio realizado en La Habana en 2016 por varios medios oficiales reveló que los jóvenes solo usaban las prendas usadas que vendía el Estado cuando no les quedaba más remedio. De nada valió, expone Invasor, debatir sobre la “pertinencia” de una “moda sostenible, alternativa y asequible”.
Para ilustrar la caída de las importaciones, el diario echa mano –sin aceptar del todo– de una “cifra no oficial” ofrecida por el periodista uruguayo Fernando Ravsberg: en 2015, el Gobierno compró a países como Canadá, la India y Angola 5 millones de dólares en ropa. Venían en contenedores de 20 a 40 pies, cada uno con una cantidad variable de pacas de 100 libras.
Si algo parece inevitable, explica el diario, es la desaparición de las otrora ‘trapi-shopping’ estatales
Aunque Invasor acepta la cifra –”no comprobada, pero irrefutable”– critica que Ravsberg se concentre más en describir las “cadenas ilegales de reventa”, cuyo primer eslabón son los presos que, según el periodista, estiban el cargamento de ropa que llega al puerto. Son ellos quienes primero “desangran las pacas abiertas, unas veces cambiando ropa vieja por una mejor, y otras llevándose lo de mayor calidad”, para su posterior reventa.
Si algo parece inevitable, explica el diario, es la desaparición de las otrora trapi-shopping estatales. En 2022, cuando llegó por última vez ropa al país, solo se recibieron dos de los contenedores previstos. Sin embargo, promete Acosta “como consuelo”, en los pasillos del Ministerio de Comercio Interior se habla de “retomar la venta, pero cambiando las reglas del juego”.
Una opción, asegura, es el “encadenamiento” con las micro, medianas y pequeñas empresas ( mipymes), la piedra de toque para que el negocio avance, puesto que “los nuevos actores capitalizaron ese nicho de mercado”.
Hoy día, varias mipymes que “presumen de mayoristas” ofrecen a los vendedores pacas de 100 libras de ropa, cuyo costo oscila entre los 90.000 y los 115.000 pesos. Algunos prefieren el pago en dólares, que asciende a los 400 cuando el vendedor “abusa”, dice Invasor. Con ropa nueva y de “marcas reconocidas” no pueden competir las precarias trapi-shopping del Estado.
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