Cuando Ana Belkis y su esposo Julio se instalaron en 2007 en el viejo matadero de Lawton, la Policía llevaba varios años sin atreverse a entrar a la zona. La frontera entre la ley y la barbarie, contaban los vecinos, estaba en la línea del ferrocarril: si un delincuente lograba cruzarla de noche y “perderse”, podía considerarse a salvo. Las peleas de perros, los “focos” de drogadictos y la violación de una menor remataban la fama del lugar en el que, casi dos décadas después, aún vive la pareja.
El abandono del complejo cárnico Antonio Maceo en el año 2000 atrajo un aluvión de personas sin casa, explica a 14ymedio Ana Belkis. En poco tiempo, el matadero se convirtió en una de las áreas más peligrosas de La Habana, donde recalaban no solo los mendigos, sino también ladrones, organizadores de juegos ilegales y reclusos fugados de prisión.
Las autoridades habían evitado tomar cartas en el asunto, hasta que una diputada del Parlamento, Isabel García, propuso que varias familias vulnerables –”casos sociales con problemas”, precisa Ana Belkis– comenzaran a vivir allí para “sanear” el ambiente.
“Los que vinimos en 2007 para este edificio, que eran los corrales del matadero, estábamos pasando mil trabajos”, añade. “Una de las vecinas estaba divorciada y vivía a duras penas en Marianao. A otra, su marido le daba golpes. Había alguien más, con problemas en una pierna. Al frente, estaba el parqueo y un local que pertenecía a los Servicios Comunales”.
Ana Belkis recuerda perfectamente los primeros días en el matadero, los ladridos de los perros al entrar a una pelea y cómo sacaban luego el bulto ensangrentado de los que no sobrevivían. “La situación ya era insoportable”, asegura, “pero el Gobierno lo sabía todo: no hicieron nada”.
A pesar de que la diputada había descrito en detalle a la Asamblea Provincial del Poder Popular cómo se vivía en la zona, lo único que lograron las autoridades municipales de La Habana fue un trato verbal. Al no poder ratificar por escrito la autorización a las familias para ubicarse en las instalaciones, la posibilidad de ser desalojados se convirtió en la peor pesadilla de los nuevos vecinos.
“La gente ‘buena’ que vivía antes aquí se puso contenta con nuestra llegada”, relata Ana Belkis. “El plan era establecernos aquí hasta que el gobierno pudiera acondicionar las viviendas. Y aquí, claro, no había casas: chapeamos y trabajamos. Al año todo estaba limpio”.
La posibilidad de ser desalojados se convirtió en la peor pesadilla de los nuevos vecinos
En 2008, no obstante, comenzaron las tensiones con las autoridades. Una comisión de inspectores apareció en el matadero e informó a los vecinos de que tendrían que pagar una multa por haber ocupado ilegalmente una propiedad del Estado. “De lo contrario, nos dijeron, iban a poner los camiones de la Policía para recogernos. Se me cayó el pelo por el nerviosismo”, recuerda la mujer.
Para ese entonces, los funcionarios de Servicios Comunales también habían abandonado el lugar, dejando solo a dos custodios. El resultado: “Entró un montón de gente” y el matadero recuperó su antigua fama de zona inhóspita, resume Ana Belkis.
Para defenderse del posible desalojo, los vecinos no solo acudieron a la diputada García, sino también a una abogada que se ocupó del caso y comenzó el proceso para legalizar las propiedades de las 18 familias que, con el paso de los meses, ya residían en las instalaciones.
“En quince años no han llegado a desalojarnos, pero nos han amenazado varias veces”, dice Ana Belkis, que no olvida la citación que la Policía realizó a una de sus vecinas: “Fue a la estación con su hermano y allí mismo los detuvieron a ambos. Tuvo que ir el jefe de sector a responder por ellos y sacarlos”.
Hasta el momento, la abogada ha conseguido que se legalicen nueve propiedades –entre ellas la de Ana Belkis– y las demás están en espera. El aspecto actual de la zona sigue siendo pobre y, entre los cuartos improvisados y los canteros que los vecinos intentan mantener cuidados, sobresale la antigua torre de una fábrica.
El gobierno, afirma la mujer, ha declarado al matadero como “zona vulnerable” y, durante algún tiempo, enviaron materiales para acondicionar las viviendas. Sin embargo, opina, la suerte no los acompaña: “La jefa del proyecto se fue del país y desde entonces nos dicen que no alcanza el dinero. Todo se paralizó”.
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