La organización Cubalex alertó en un informe reciente sobre una tendencia que compromete el derecho a la defensa de los presos políticos en la isla.
Según el documento, algunos abogados se han negado a comunicarse de manera adecuada y transparente con sus clientes, encarcelados por motivos políticos.
Algunos prisioneros políticos, como Adrián Curuneaux y Yanet Pérez Quevedo, no reciben actualizaciones sobre sus casos después de haberlos presentado.
En otras oportunidades la comunicación se interrumpe abruptamente sin explicación, tal como denunció Mayelín Rodríguez Prado.
Además, es común que los clientes no reciban copias de los documentos presentados por la Fiscalía o por su propio abogado en los procesos en los que están involucrados.
Otro ejemplo es el de la presa política Aniette González, quien no ha podido contactar con su representante legal porque no responde a sus llamadas.
Cubalex subrayó que estas negligencias profesionales podrían estar relacionadas con la falta de autonomía real en la abogacía cubana.
El informe de la organización acota que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) es la única entidad facultada para el ejercicio de la abogacía y que, aunque se muestre como autónoma, está regida por el Ministerio de Justicia del régimen.
En Cuba los abogados están bajo “la influencia de las autoridades políticas, lo que puede generar un conflicto de intereses cuando representan a personas incómodas para el poder”, señala el informe.
Según un reporte de Prisoners Defenders, en Cuba existen al menos 1 066 prisioneros políticos y de conciencia. Solo en enero de 2024 la organización sumó 13 nuevos casos a su subregistro de presos por motivos políticos.
