El 7 de noviembre, varias organizaciones de la sociedad civil cubana participaron en el 188 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Laritza Diversent, abogada y directora ejecutiva de Cubalex, expuso la crítica situación de los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) en la audiencia pública sobre el “Seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad”.
En su intervención, Diversent hizo hincapié en la respuesta represiva del gobierno cubano, que ha llevado a cabo un acoso sistemático contra los activistas del MSI, afectando particularmente a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, privados de libertad en condiciones precarias y enfrentando situaciones de acoso sistemático, como represalia por su activismo político.
Respecto a la audiencia, Diversent se refirió a la convocatoria de la CIDH como un esfuerzo para el reconocimiento regional de la realidad de los derechos humanos en Cuba y una oportunidad de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil independiente para encontrar vías efectivas de presión al Estado cubano.
“La Comisión Interamericana llamó a varias organizaciones de la sociedad civil que han presentado o han solicitado medidas cautelares para activistas defensores de derechos humanos, y que se ha otorgado en este caso, porque hay preocupación por la situación de los beneficiarios de esas medidas que están privados de la libertad. Hay una parte de interés de la Comisión Interamericana y seguimos insistiendo para que la Comisión busque otros mecanismos para presionar al Estado. También corresponde a la sociedad civil trabajar junto a la Comisión para buscar esas vías de presión al Estado cubano. Esperemos que en un corto plazo la Comisión puede ver por sí misma la situación de derechos humanos en el país. De manera general es un paso de avance en el reconocimiento de la situación de derechos humanos en Cuba a nivel regional”.
En el transcurso de la audiencia, donde se examinaron las medidas cautelares para al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, las organizaciones de la sociedad civil instaron a la Comisión Interamericana y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a realizar un pronunciamiento público para exigir la liberación inmediata de estas personas. Además, consideraron una necesidad establecer resoluciones de seguimiento, reconociendo la vulnerabilidad de las víctimas de detención arbitraria por motivos políticos.
La solicitud también hace un llamado al Estado cubano a aplicar principios y buenas prácticas para la protección de los derechos fundamentales y exige la liberación de todas aquellas personas que permanecen encarceladas por levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica.
Intervención de Laritza Diversent en la audiencia pública: “Seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
