SLP, México.- El régimen cubano criticó la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retener a unos 30.000 migrantes ilegales en la Base Naval de Guantánamo y se refirió a “serias consecuencias” que podría generar la decisión.
En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), los representantes del régimen rechazaron la apertura de un centro de detención en la Bahía de Guantánamo para albergar a los inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos y no pueden ser deportados a sus países de origen.
En su nota, describieron que la acción “generaría un escenario de riesgo e inseguridad en ese enclave ilegal y su entorno”.
A su vez, esgrimieron: “Amenazaría la paz y se prestaría para errores, accidentes y malas interpretaciones que podrían alterar la estabilidad y provocar serias consecuencias”.
La medida fue calificada por el castrismo como “una demostración de la brutalidad” con que el Gobierno de EE.UU. gestiona la crisis migratoria.
— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) January 30, 2025
El comunicado también repite los manidos argumentos expuestos este miércoles por Miguel Díaz-Canel de que la instalación militar está en territorio que no pertenece a EE.UU., pero el 16 de febrero de 1903 se firmó el Tratado de Arrendamiento para Bases Navales y Carboneras, que hizo efectivo el arriendo a perpetuidad, por parte de la nación norteña, del territorio donde hoy se ubica la Base Naval de Guantánamo.
Tras la noticia de la orden anunciada por Trump de preparar 30.000 camas en el sitio de la base militar estadounidense en Cuba “para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, Díaz-Canel expresó que se trataba de un “acto de brutalidad” que ocurrirá en un territorio que describió como “ilegalmente ocupado”.
En el acto de firma de la Ley Laken Riley, Trump afirmó: “Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo”. “Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato”, expresó.
La Laken Riley amplía el alcance de las personas que pueden ser arrestadas, detenidas y deportadas por funcionarios federales de inmigración.
El proyecto, que se aprobó con apoyo bipartidista, “obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener a determinados ciudadanos no estadounidenses (extranjeros según la legislación federal) que hayan sido detenidos por robo, hurto, latrocinio o hurto en tiendas.
También autoriza a los estados a demandar al gobierno federal por decisiones o supuestos fallos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración”.
“En virtud de este proyecto de ley, el DHS debe detener a una persona que (1) se encuentre ilegalmente en Estados Unidos o no posea los documentos necesarios al solicitar la admisión; y (2) haya sido acusada, detenida, condenada o admita haber cometido actos que constituyan los elementos esenciales de robo, hurto o hurto en tiendas.
La normativa también autoriza a los gobiernos estatales a demandar medidas cautelares en relación con determinadas decisiones o supuestos incumplimientos del gobierno federal por su decisión de poner en libertad a un ciudadano no estadounidense; por incumplimiento de los requisitos relativos a la inspección de las personas que solicitan la admisión en Estados Unidos, incluidos los requisitos relativos a las entrevistas de asilo, entre otros.
