MADRID, España.- La organización Prisoners Defenders (PD) dijo este miércoles 24 de enero haber tenido acceso a la reciente respuesta del Gobierno cubano a las acusaciones de prácticas esclavistas presentadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata.
A pesar de haber demorado 20 días más del plazo establecido para responder, la misiva de Cuba llegó a la ONU sin abordar las acusaciones más graves. Según la ONG Prisoners Defenders, el régimen de Miguel Díaz-Canel le respondió fuera de plazo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las acusaciones de trabajo forzoso y no contestó a los señalamientos concretos de los relatores.
En su respuesta, el régimen afirmó que su actuar es legítimo según el “artículo 16 de la Constitución de la República [de Cuba]”. Sin embargo, no abordó directamente las acusaciones referentes a su legislación, descritas como esclavistas por los especialistas.
Prisoners Defenders también informó que el 75% de los 1.402 colaboradores cubanos en el exterior, según declaraciones juradas entregadas a la organización, afirmaron no haber sido voluntarios. A pesar de esto, la dictadura sostiene que la relación laboral se basa en la voluntariedad, sin presentar evidencia contractual que respalde tal afirmación. Además, la organización confirmó que quienes se van deben regresar a Cuba o someterse a “otra situación migratoria”, que en la práctica es exponerse a penas de ocho años de cárcel.
El pasado 2 de enero Naciones Unidas hizo pública la Carta Acusatoria que envió al régimen de Cuba acusándolo de trabajo forzoso, una de las formas de esclavitud moderna tal y como apuntaran las Relatoras Especiales de Trata de Personas y de Esclavitud el 6 de noviembre de 2019, en la primera de las tres acusaciones de esta naturaleza que recibió La Habana por parte de la ONU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone foco en este tipo de trabajo forzoso en cada informe anual de Cuba desde 2020. El Parlamento Europeo, Human Rights Watch, Human Rights Foundation, entre otras instituciones, organismos y ONGs, también han acusado al régimen de Cuba de trabajo forzoso.
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