MADRID, España.- El gobierno de Nicaragua se “desvía” cada vez más del estado de derecho y la “impunidad es la norma” en el país, denunció este lunes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en una actualización sobre la nación centroamericana.
La Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, dijo que está “descorazonada” por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de las libertades fundamentales y por el “continuo distanciamiento del gobierno de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos”.
De acuerdo a la Oficina, el régimen nicaragüense sigue persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores, periodistas…, y extendiendo aún más el control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua.
El documento también recuerda que el pasado 3 de octubre las autoridades “cancelaron arbitrariamente” la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente de la nación. Y fueron encarcelados dos representantes en la Asamblea Nacional de ese grupo.
La oficina “sigue preocupada por la salud y la integridad física de uno de ellos, un hombre de 71 años, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale a una desaparición forzada. El otro miembro fue condenado a ocho años de prisión el 13 de diciembre por ‘atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas’, en un proceso que careció de las debidas garantías procesales y judiciales”, señaló Al-Nashif.
Y seguidamente denunció que luego de estos arrestos sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante.
La actualización sobre Nicaragua también condenó las detenciones arbitrarias contra quienes ejercen sus libertades fundamentales y juicios que se desarrollan sin que estén presentes los acusados.
“Nuestra Oficina ha documentado informes de tortura durante la detención, así como información sobre amenazas contra los presos y sus familiares advirtiéndoles de que no denuncien las condiciones de detención”, se lee en el documento.
Al concluir, la Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos hizo “un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos”.
La denuncia de la Oficina de Derechos Humanos se suma a las de otras organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han denunciado la grave situación de los derechos humanos en ese país.
El gobierno de Daniel Ortega ha sido acusado de represión política, persecución a opositores, y violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada.
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