PUERTO PADRE, Cuba.- Llamada Carta Magna, Ley Fundamental o Ley Primera, la madre de una nación republicana lo es, en su más estricto sentido de origen, principios, causas y cauce, su Constitución, que estableciendo los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sin intromisión de ninguno de ellos, da cabida a todos los ciudadanos de una nación por igual, de la misma forma que una madre procrea a todos sus hijos. Y, Cuba, la República de Cuba en Armas, tiene su origen en la Constitución de Guáimaro, firmada en esa ciudad el 10 de abril de 1869, cumpliéndose ahora 155 años de tan importante precedente jurídico y patrio.
“Tres leyes del espíritu humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la de hablar y la de obrar. A estas leyes, para observarlas, corresponden otros tantos derechos imprescriptibles e indispensables para el desarrollo completo del hombre y de la sociedad. Al derecho de pensar libremente corresponden la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel…”, había dicho Ignacio Agramonte en su época de estudiante, en un ejercicio de Derecho Administrativo, en una argumentación en contra del colectivismo y en defensa de los derechos civiles que, hoy, en Cuba, tiene tanta o más vigencia que cuando Agramonte dijo:
“A pesar de que la razón y la experiencia nos demuestran que no podemos formarnos una opinión exacta en ninguna materia sin examinarla previa y detenidamente, no han faltado hombres y aun clases enteras en la sociedad que con miras interesadas y ambiciosas han querido despojar al hombre de esos derechos revelados por la razón a todos”.
Fue así que Ignacio Agramonte, asistido por Antonio Zambrana, —quien fuera su condiscípulo— fue el principal arquitecto de nuestra primera Constitución, no sólo por el liderazgo político y militar del que ya era poseedor en abril de 1869, sino, y principalísimamente, por ser el jurista esencialmente humanista que era, que trajo a ella los conceptos que él ya había defendido con vehemencia en su época de estudiante y que ahora llamamos derechos universales o derechos humanos, haciendo blindar el texto constitucional contra insidias dictatoriales. Como efectivamente ocurrieron, y ocurren hoy día, arbitrarias, inciviles, viles.
Y, fundacionalmente, si la Cámara de Representantes, que era el poder legislativo, podía nombrar y destituir al presidente de la República en Armas, al general en jefe del Ejercito Libertador y a los secretarios de Despacho, como en efecto hicieron los representantes en más de una ocasión y por muy controversiales motivos, el artículo 28 expresaba: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”, y no era nuevo, porque ya en la Universidad de La Habana, en el antiguo convento de San Juan de Letrán, Agramonte había dicho del derecho constitucional del ciudadano: “La libertad de obrar consiste en hacer todo lo que le plazca a cada uno en tanto que no dañe los derechos de los demás.”
¡Pobre Cuba! ¡Pobre los cubanos! Poseyendo, como poseemos en nuestra Carta Magna primigenia, una raíz jurídica que ya data de 155 años, y donde ya se garantizaban esos derechos fundamentales, los ciudadanos cubanos, de manos de los dictadores, desde colonialistas españoles como Blas Villate, conde de Valmaseda hasta por parte de un general del Ejército Libertador como lo fue Gerardo Machado, y hasta el último gobernante castrocomunista, como lo es Miguel Díaz-Canel, han sido callados, pateados, encarcelados o fusilados, (aunque ahora los fusilamientos están en mora) precisamente, por ejercitar la libertad de obrar sin dañar los derechos de nuestros semejantes.
Así de conculcados han estado y están los derechos de los cubanos. Pero si 155 años después de promulgada la Constitución de Guáimaro los derechos ciudadanos fueron y son vulnerados en Cuba, antes por la fuerza bruta, y luego con visos de “legalidad socialista”, y en la actualidad, por el precepto de la Constitución de 2019 que confirma al Partido Comunista como “único”, y “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, vale la pena preguntar, y sobre todo, que los cubanos, dentro y fuera de Cuba, respondamos esta interrogante con honestidad: ¿Cuánto hicimos y cuánto estamos dispuesto a hacer para hacer respetar nuestros derechos?
Pues… Si es poco, los que hemos hecho poco hagamos más; y los que nada han hecho por ejercitar sus derechos, comiencen a hacer.
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