La falta de trabajadores –y de personas– en Cuba llega hasta algunas de las profesiones que en el mundo se consideran de gran prestigio, como fiscal. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, donde son necesarios al menos 93, hay actualmente poco más de la mitad, 52. En una información del diario, Invasor, se especifica que, si entre 2017 y 2022 hubo 22 fiscales que abandonaron el cargo, apenas en 2022 y 2023 la cifra subió hasta 28.
El medio local no entra en los motivos, que son vox populi, y cita de pasada que son “diversas razones” las que llevan a colgar la toga a los profesionales. La situación es tal que se está contando con estudiantes desde tercero de derecho para “apoyar” el trabajo de la Fiscalía Provincial, cuenta Celín Pérez Nájera, profesora titular de la carrera en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.
El total de graduados no solo no alcanza para cubrir la demanda del Ministerio Público sino que ni tan siquiera llega para satisfacer a “todo el sector jurídico de la provincia”
La alternativa, admite, es insuficiente porque el total de graduados no solo no alcanza para cubrir la demanda del Ministerio Público sino que ni tan siquiera llega para satisfacer a “todo el sector jurídico de la provincia”. Y eso, teniendo en cuenta que la propia nota parte de la base de que algunos dejarán el país.
A ello hay que añadir a los que no quieren saber nada con el cargo. “Hoy son más quienes dejan el sector que quienes egresan de las aulas”, dice el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, que recurre a lo sentimental. “Hay que seguir apelando a la conciencia de los profesionales, analizar, desde cada colectivo laboral, por qué las personas dejan el oficio. No podemos resignarnos a perder a profesionales valiosos, con experiencia”, resalta.
El medio recuerda que la situación del sector no es exclusiva, “pues parte de una realidad económica y social, en la que los profesionales avileños —y cubanos— han visto expandidas sus oportunidades de trabajo en otros sitios, a partir del desarrollo de nuevas formas de gestión que ofrecen salarios más altos y ciertas flexibilidades laborales”.
En 2021, según contó un testigo presencial a Diario de Cuba, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, convocó a una reunión a los trabajadores del Ministerio Público en La Habana para indicarles que había una subida salarial que compensara el “alarmante éxodo” del organismo.
“Esta fatiga laboral, unido al salario no atractivo para los fiscales, de 5.800 pesos, que quedan en realidad en alrededor de los 5.000 pesos luego de los descuentos impositivos, de seguridad social, el aporte a la patria, la cuota de la sección sindical y la cotización del Partido o de la juventud comunista, ha provocado una estampida de fiscales pidiendo la baja de la institución”, reveló el entrevistado, que mencionó al medio que el aumento podía ser de unos 2.800 pesos, según los rumores.
Poco se ha sabido posteriormente sobre este aspecto, aunque el pasado año se convocaron plazas en el sector para la provincia de Santiago de Cuba y ninguna alcanzaba los 5.000 pesos, independientemente de la categoría.
Por el momento, según la nota de Invasor, entre las opciones que se prevén para cubrir un déficit que afecta a toda la Isla, se valora la opción de acortar los estudios mediante un ajuste curricular, así como incrementar el número de plazas de 30 a 45, algo que difícilmente puede solucionar una situación en la que el problema es que faltan graduados.
Por el momento, entre las opciones que se prevén para cubrir un déficit que afecta a toda la Isla, se valora la opción de acortar los estudios mediante un ajuste curricular
La escasez se traduce en una Justicia más lenta, admite el jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila, Karel Roberto Alonso Rodríguez. Según sus datos, un 43% de expedientes de asuntos penales se devolvieron o fueron insuficientes para avanzar en el proceso.
“¿Cómo vamos a mejorar nuestros indicadores de calidad?”, clama Alonso Rodríguez, que resalta la importancia de que un juicio zanje la situación de un preso en prisión preventiva, entre otras cosas. “Nuestra misión es única e indispensable en la sociedad”, señaló el funcionario.
Entre sus recomendaciones, sorprende la sugerencia de aprovechar la opción del pluriempleo, una posibilidad llamativa para una profesión que en otros países es largamente anhelada. En España, para ser juez o fiscal se requiere sacar una plaza en una de las oposiciones más duras del país y requiere aproximadamente un promedio de entre cuatro y ocho años de estudio. El salario promedio es de unos 70.000 euros anuales, aunque al inicio se cobra en torno a los 25.000 sin los complementos extras.
Mientras, en Cuba para aspirar a una plaza apenas se requiere haber completado los estudios y “poseer buenas condiciones morales y gozar de buen concepto público”, un filtro ideológico que limita las opciones y por el que, además, se cobra mal.
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