AREQUIPA, Perú – Unos 28 fiscales abandonaron el cargo en Ciego de Ávila entre los años 2022 y 2023, la cifra supone un aumento con relación al período de cinco años comprendido entre 2017 y 2022, cuando totalizaron 22.
Un reporte del diario oficial Invasor indica que la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila cuenta hoy con un poco más de la mitad de los previstos en su plantilla.
El medio reduce las causas del abandono a “diversas razones”, mientras señala que “resulta muy difícil, en las circunstancias actuales, completar la plantilla de 93 fiscales que demandan los 10 municipios del territorio”. Sin embargo, apunta, se impone elevar el actual número a un mínimo de 52.
La situación preocupa en lo particular al vice fiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, quién suscitó el debate durante una asamblea de balance de la Fiscalía realizada este martes en territorio avileño.
La Doctora en Ciencias Celín Pérez Nájera, profesora titular de la carrera de Derecho en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, destacó que algunos estudiantes, desde tercer año, son contratados para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial.
“Sin embargo, esta es una alternativa que, a pesar de sus frutos, no es la solución definitiva, pues, suponiendo que un número de los educandos de pregrado que se vinculan a esta labor, una vez terminados sus estudios, permanezcan aquí, la cifra total de egresados de derecho no satisface la demanda, no solo de la Fiscalía, sino de todo el sector jurídico de la provincia”, precisa el reporte.
Según Cruz Rivera, en Cuba es mayor el número de profesionales que dejan el sector que los que egresan de las aulas, lo cual amerita “medidas excepcionales”.
La situación actual no es privativa de ese sector, reconoce el medio oficial, pues parte de una realidad económica y social, en la que los profesionales avileños —y cubanos— han visto expandidas sus oportunidades de trabajo en otros sitios, a partir del desarrollo de nuevas formas de gestión que ofrecen salarios más altos y ciertas flexibilidades laborales.
“A pesar de ello, hay que seguir apelando a la conciencia de los profesionales, analizar, desde cada colectivo laboral, por qué las personas dejan el oficio. No podemos resignarnos a perder a profesionales valiosos, con experiencia”, subrayó el vice fiscal general.
Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila considera que no contar con el suficiente personal incide en la “difícil tarea” de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.
En ese sentido, a lo largo de 2023 el 43% de los expedientes de asuntos penales presentados al Tribunal Provincial Popular tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de ampliar las investigaciones.
“¿Cómo vamos a mejorar nuestros indicadores de calidad?”, clama Alonso Rodríguez, presente en la asamblea, quien resalta la importancia de que un juicio zanje la situación de un preso en prisión preventiva, entre otras cuestiones.
Entretanto, las violaciones de las garantías constitucionales de los ciudadanos en Cuba son denunciadas con frecuencia, en la medida que la Fiscalía de la Isla responde a los designios de la casta política liderada por el Partido Comunista y los intereses de la dictadura.
Un reflejo de esta realidad puede encontrarse en los juicios y condenas arbitrarias de activistas, opositores o ciudadanos comunes condenados por manifestarse en las históricas protestas del pasado 11 y 12 de julio de 2021. En general, la cifra de presos políticos que el régimen cubano ha condenado en complicidad con la Fiscalía asciende hoy a unos 1.063.
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