MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía de la República de Cuba solicita penas de cárcel e internamiento en centros de trabajo forzado para el 91% de los acusados que presenta ante los tribunales, según trascendió en la sesión del 15 de julio de 2024 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
De acuerdo con la primera coronel Moraima Bravet, jefa de la Dirección de Investigación del Ministerio del Interior (MININT), se trata de una “política de severidad”.
Bravet, quien ya había defendido el procesamiento de los manifestantes tras las protestas del 11 de julio de 2021, según recordó el medio cubano El Toque este miércoles, reafirmó que el principio de castigo estricto se aplica con rigor. “El principio de castigo estricto se cumple con rigor”, aseguró.
Por su parte, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), sugirió que la cárcel es la principal herramienta para controlar el delito en Cuba. En su cuenta de la red social X, Remigio indicó que, además de ser una forma de castigo, la prisión también se utiliza como amenaza para aquellos que cumplen su pena mediante mecanismos alternativos. “¡A los de mala conducta se les remite a prisión!”, escribió.
Este enfoque punitivo podría explicar por qué Cuba se sitúa entre los países con mayor población penal del mundo en proporción a su número de habitantes. Según el informe de 2024 de World Prison Brief (WPB), en Cuba hay 794 presos por cada 100.000 habitantes, una cifra que deja fuera a aquellos recluidos en campos de trabajo forzado.
WPB estima que en la Isla hay alrededor de 90.000 personas privadas de libertad, aunque el número real podría ser mayor debido a la represión posterior a las protestas del 11 de julio de 2021.
El informe de WPB también revela que en Cuba existen aproximadamente 300 centros de reclusión, incluidos campamentos y prisiones, lo que representa un incremento significativo respecto a las 14 cárceles que existían antes de 1959.
A pesar de que el régimen cubano ha negado el ostensible aumento de los delitos violentos, el uso de la prisión como principal forma de sanción sugiere lo contrario.
En julio de 2023, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo durante una de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que había “un manifiesto empeño imperial de crear un clima de inseguridad y de desconfianza ciudadana” en la Isla y que “constantemente” se exageraba “cualquier hecho delictivo, fundamentalmente los casos con violencia y, en particular, los de violencia de género”.
No obstante, el gobernante no se refirió a la ola de violencia que atraviesa Cuba, sumida en una de sus peores crisis. En los últimos meses, medios independientes y grupos de activistas han informado de numerosos asesinatos a lo largo de la Isla, cuyo móvil ha sido el robo.
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