Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento según datos confirmados por World Prison Brief (WPB), una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo.
WPB, alojado en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen (ICPR) de la Universidad de Londres, actualizó que al menos 90 mil personas están presas en la Isla, cifra solo superada por El Salvador.
“En 2020, con el apoyo de la Fundación Transición Española [y su director Pablo Zabala], Civil Rights Defenders [con Erik Jennische, su director para Latinoamerica] y con la presencia de los eurodiputados Javier Nart y Leopoldo López Gil, el diputado español Carlos Rojas y otras personalidades, Prisoners Defenders demostró con información probatoria interna del Ministerio del Interior, tanto la población carcelaria de Cuba como las estadísticas nacionales de represión en todos los ámbitos, incluyendo una investigación de las condenas predelictivas complementarias, por las que pagamos a funcionarios de Cuba por las fichas policiales de todos los presos por predelictiva y, además, nos salió cada ficha por céntimos”, explicó a Martí Noticias, Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders.
“Sacamos a la luz que Cuba tenía 90,000 presos en las cárceles y otros 37,500 condenados en situación domiciliar o trabajo forzoso sin internamiento”, indicó Larrondo.
“Esta entidad ha debido tardar más de 3 años en verificar todos los documentos enviados, pero, ante la ratificación, nos congratulamos de que Cuba por fin, oficialmente, figura como el segundo país por tasa de presos del mundo, con la tasa exacta que nosotros calculamos entonces, 794 presos por cada 100,000 habitantes, solo detrás de El Salvador, que tiene decenas de miles de presos, pero de las maras”, subray.
“Cuba tiene una población carcelaria salvaje y se coloca a la cabeza de la represión mundial de forma oficial y transparente, con una marca oficial que durará años, mientras la dictadura siga en pie. El World Prison Brief tiene el aval de todas las instituciones políticas del mundo, por lo que el logro no tiene precedentes”, afirmó el activista cubano-español.
De acuerdo a la reconocida base de datos, Cuba tiene 794 presos por cada 100 mil habitantes.
“Eso se corresponde con la cantidad de delitos que existe en el Código Penal cubano, delitos que no lo serían en cualquier otro país que funcionara con otro régimen, que no fuera un estado policiaco. Sobre todo, los delitos económicos abundan muchísimo y se debe, entre otras cosas, a la carencia de bienes de consumo. Otros delitos que se están produciendo muchísimo son los delitos de violencia contra las personas, a veces son actos violentos injustificados”, señaló el abogado Hildebrando Chaviano, desde la ciudad de Cienfuegos.
“Hay varias causas que tienen que ver con eso, primero la falta de espiritualidad que tiene el cubano. El cubano ha perdido aquella educación, aquella formación cristiana. Se ha vuelto una sociedad muy material y por eso tiene que haber delitos que tienen su origen en esas necesidades materiales que existen, y las cárceles están llenas de jóvenes de esa llamada generación del ‘hombre nuevo’ porque no hay otra forma de sobrevivir: los jóvenes, o se van del país, o se mantienen en su país delinquiendo, buscándose la vida, como dicen muchos, ‘luchando’ porque son muchos los delitos posibles a cometer, y muchos delitos son penalizados con cárcel”, precisó Chaviano.
Los datos de WPB son usados por organismos y agencias de normalización regionales, gobiernos nacionales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e investigadores sociales.
Organizaciones independientes han argumentado consistentemente las condiciones de vida en los centros penitenciarios cubanos, donde los reos son sometidos a abusos de poder y maltrato por parte de las autoridades, sufren malnutrición, hacinamiento, falta de higiene y deficitaria atención médica.
“Una cosa es la situación económica y otra es la situación social que tenemos: la depauperación en todos los órdenes, la falta de valores morales, no hay principios”, lamentó.
“En cuanto a los pesos políticos, ocurre algo, similar: pasan de 1,000 los pesos políticos. Cualquier manifestación pública puede ser considerada un delito común, pero en realidad sabemos que son delitos políticos. Es un delito político hasta expresarse en contra del Gobierno”, puntualizó el jurista.
El abogado Alaín Espinosa, del centro de asesoramiento legal Cubalex, añadió que “esto se debe, principalmente, a la ausencia de independencia del poder judicial en Cuba. La misma hace que primen las llamadas políticas penales por sobre la correcta aplicación de los principios de la función judicial”.
Agregó que, en la isla, “los jueces responden a intereses del poder ejecutivo y no a la ley, por ende, sus fallos no se corresponden con un análisis casuístico basado en la libre apreciación de la prueba, la búsqueda de la verdad objetiva, proporcionalidad e imparcialidad”.
Esta subordinación del poder judicial al ejecutivo también permite que se irrespete el derecho al debido proceso y se destruya la presunción de inocencia sin la necesaria carga probatoria y, en consecuencia, la mayoría de las personas resulten sancionadas, subrayó Espinosa.
“Una prueba de ello son las reiteradas expresiones del presidente del Tribunal Supremo Popular que en su momento llegó a calificar a los jueces cubanos como ‘jueces de la revolución’, o a considerar a los abogados como un obstáculo a la hora de imponer sanciones a los acusados, comparándolos con perros dentro de los cultivos de tabaco”, recalcó desde Buenos Aires el experto de Cubalex.
