Cuba se sometió este miércoles al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, entre fuertes críticas contra la represión por parte de las principales democracias, algunos elogios por la aprobación del matrimonio igualitario y el aplauso total de los regímenes más violadores.
Los principales señalamientos versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los Pactos de Derechos Humanos de la ONU.
Michèle Taylor, embajadora de Estados Unidos en Ginebra, solicitó a La Habana “cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Asimismo, “liberar a las aproximadamente 1.000 personas, detenidas injusta o arbitrariamente”, “adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial”, “poner fin al sistema de partido único para permitir elecciones genuinamente libres y justas” y “cumplir con las normas laborales internacionales” en el “programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas”.
Europa, contundente
Lituania, que destacó entre las posiciones europeas, mostró “preocupación por la reducción del espacio para la sociedad civil, los grupos religiosos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios”.
“Es especialmente alarmante la reciente decisión de ampliar la lista de delitos a los que se puede aplicar la pena capital”, señaló la delegación lituana, que además pidió “garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y expresión” y “liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores”.
Países Bajos, Francia, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania, entre otros, pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas.
Noruega, al igual que España, Reino Unido, Australia y Canadá, recomendó directamente a Cuba “abstenerse de utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces individuales críticas con las autoridades”.
Perú y Ecuador, los puntos sobre las íes
Por América Latina, las posiciones más contundentes fueron mostradas por Perú, que recomendó “garantizar que los defensores de los derechos humanos gocen de un entorno seguro y apropiado”, “velar por que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación que sufran sea debidamente investigado” y “prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo”.
En línea similar, Ecuador solicitó “prevenir y cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de derechos humanos”, así como “armonizar la legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, Internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión”.
México instó a La Habana a tipificar el feminicidio como delito (Panamá, Brasil y Japón también abordaron la violencia contra las mujeres) y a crear un organismo independiente de derechos humanos.
Brasil reconoció la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo y obvió cualquier situación conflictiva. Se limitó a pedir el fortalecimiento de los programas de producción y distribución de alimentos, “asegurando la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de mujeres, niños y personas privadas de libertad”.
Por su parte, Chile pidió evitar que civiles sean juzgados por tribunales militares y exhortó a “tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de todas las personas a la libertad de reunión y asociación pacífica y de expresión”.
El gobierno izquierdista de Colombia evadió todo asunto polémico y pidió avances para “prevenir los embarazos en adolescentes”.
Los países africanos se centraron en agradecer a Cuba sus programas contra el racismo.
Casos extraños de la jornada
Corea del Norte, después de alabar al régimen cubano, le instó a “continuar mejorando el sistema judicial y preservando la independencia orgánica y funcional de los tribunales”. Mientras, República Dominicana —elogios incluidos—, instó a favorecer el acceso de los discapacitados al turismo.
El gobierno ultraderechista de Italia solicitó “garantizar la libertad de opinión y expresión y el derecho de reunión pacífica”, y “salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos y periodistas”, pero causó sorpresa al “saludar” la promulgación de la nueva Constitución de 2019, que consagra al Partido Comunista de Cuba (PCC) como único legal.
La reacción del régimen cubano
En sus intervenciones, el canciller cubano Bruno Rodríguez retrató una situación idílica de los derechos humanos en la isla y responsabilizó de las carencias al embargo de Estados Unidos. De hecho, la embajadora norteamericana recordó a la delegación cubana que el EPU “no es un lugar para abordar intercambios políticos o cuestiones bilaterales”.
“Una delegación llamó a no tratar aquí asuntos bilaterales”, respondió luego Rodríguez”, y dijo que el embargo de Estados Unidos “no es en modo alguno un asunto bilateral, sino una grave violación del derecho internacional, debido a su alcance agresivamente extraterritorial”.
El canciller cubano acusó a los países críticos de “falta de información objetiva” sobre la realidad de la isla.
“Unos pocos, como ocurre siempre, trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica, con una retórica politizada e injerencista sobre los derechos humanos y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad”, dijo.
Representantes de la delegación oficial cubana intervinieron para justificar como “delitos comunes” el encarcelamiento de más de mil personas tras las protestas antigubernamentales el 11J y negar la existencia de presos por peligrosidad social predelictiva. También rechazaron que hubiera medidas de prisión en caso de menores, ya que, según alegaron, la mayoría de edad en Cuba está fijada en los 16 años.
Ante la avalancha de peticiones para frenar las detenciones arbitrarias contra activistas, artistas y periodistas independientes, los diplomáticos cubanos argumentaron que “están prohibidas”.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el próximo viernes en Ginebra para considerar el informe final sobre Cuba.
