El Tribunal Provincial de La Habana juzgó este jueves a tres cubanos por delitos contra la Seguridad del Estado, que la Fiscalía pide castigar con un total de 30 años de prisión entre todos. La mitad, para Jorge Luis Boada Valdés, de 27 años, al que se suman los casos de Luis Andrés Domínguez Sardiñas, de 47 –cuyo proceso legal se conocía desde hace meses– y Yohan Carlos Terán Izquierdo, de 25 años.
Según la agencia EFE, que tuvo acceso al documento que la Fiscalía presentó ante el tribunal, se piden para Boada, Terán y Domínguez 15, 12 y tres años de privación de libertad, respectivamente, por los delitos de propaganda enemiga y actos contra la Seguridad del Estado. Se espera que la sentencia se conozca dentro de 20 días.
Boada fue arrestado el pasado 25 de febrero tras recibir una citación por escribir carteles con la consigna “Díaz-Canel, singao” en tres ocasiones, en el barrio habanero de Lawton. Según la agencia española, la familia del joven ha argumentado que este no cuenta con “la capacidad mental” para entender los actos que cometió, además de que desde niño sufre crisis de epilepsia, dependiendo de medicación constante, y estuvo en una “escuela especial”. Su estado cognitivo, aseguran, lo hace fácilmente influenciable.
El peritaje psiquiátrico realizado al joven por las autoridades señaló que este tiene responsabilidad penal y se le negó un segundo análisis
No obstante, el peritaje psiquiátrico realizado al joven por las autoridades señaló que este tiene responsabilidad penal y se le negó un segundo análisis médico. La familia de Boada ha descrito a la prensa independiente el acoso que sufre en prisión –luego de que le prohibieran esperar el juicio en libertad–, donde ha seguido pintando carteles contra el régimen.
En una situación similar está Domínguez, preso desde febrero de 2022, acusado de delitos que incluyen tirar piedras a una tienda en moneda libremente convertible (MLC), convocar a manifestaciones en redes sociales y conspirar con personas en el extranjero.
La Fiscalía alega que Domínguez se proponía crear “un ambiente de desestabilización del orden interno y la seguridad del país”, llamando a protestas populares tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Además, subraya la fiscal Yanaisa Matos Legrá, dos “influyentes contrarrevolucionarios” residentes en el extranjero les prometieron – presuntamente a Boada y a Domínguez– enviarles “ligas elásticas” para fabricar tirapiedras, “alcohol para confeccionar medios incendiarios”, espray para pintar carteles y realizar otras “acciones de desobediencia civil”.
“Sin embargo, en el escrito de la Fiscalía no se indica si esos envíos de dinero y material llegaron a efectuarse”, concluye EFE.
Domínguez, quien pertenece al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo de La Habana, ha sido encarcelado en varias ocasiones
Domínguez, quien pertenece al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo de La Habana, ha sido encarcelado en varias ocasiones por supuestos impagos de multas.
En cuanto a Terán, del que menos detalles han trascendido aunque pesa sobre él la posibilidad de pasar 12 años en prisión, sus únicas acciones conocidas son convocar a la población a protestar tras el 11J y realizar una transmisión directa en sus redes sociales mientras escribía con una crayola, en la barriada de Lawton, “Abajo la dictadura”. También se ha demostrado que tiene vínculos de amistad con Boada.
La celebración de esta causa trae a la memoria otro caso, el de Yasmany González Valdés, encarcelado desde abril en la prisión del Combinado del Este luego de que la contrainteligencia le adjudicara la autoría de los grafitis antigubernamentales compartidos en redes sociales por un colectivo autodeterminado El Nuevo Directorio, y del que no ha vuelto a haber noticias.
Las autoridades no se han pronunciado sobre un posible juicio a González, aunque la petición fiscal por la autoría de los carteles, que aparecieron en la calle Humboldt, la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y en el estadio universitario, es de seis años.
Varias publicaciones en redes sociales de residentes de la capital aseguran que durante la celebración del juicio varios barrios de La Habana fueron militarizados para prevenir protestas populares, entre ellos Santos Suárez y La Víbora. Además de estos, otros como Luyanó presentaban cortes en las comunicaciones y el servicio de internet.
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