MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 19 de febrero una orden ejecutiva con el objetivo de restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a programas financiados con fondos federales. Según la Casa Blanca, la medida busca evitar que los recursos fiscales sean utilizados para “incentivar o apoyar la inmigración ilegal”.
La orden instruye a los departamentos y agencias federales a identificar todos los programas que actualmente otorgan beneficios financieros a inmigrantes en situación irregular y tomar “acciones correctivas” para eliminarlos. También establece que los fondos federales destinados a estados y localidades no podrán emplearse para respaldar políticas de “santuario” ni para asistir a inmigrantes sin estatus legal en el país.
Además, la disposición contempla el fortalecimiento de los mecanismos de verificación de elegibilidad para evitar que personas sin documentación legal reciban beneficios.
El Gobierno de Trump argumentó que la inmigración irregular ha ejercido una fuerte presión sobre los presupuestos estatales y locales, y que la medida busca proteger los intereses económicos de los contribuyentes estadounidenses. “Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump se asegura de que los recursos fiscales sean utilizados para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, no de los inmigrantes ilegales”, sostiene la Casa Blanca.
Según cifras citadas en el documento, el costo de otorgar beneficios a un millón de inmigrantes indocumentados podría representar una carga adicional de 3.000 millones de dólares anuales para los contribuyentes. La Casa Blanca también citó un informe del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el cual estima que desde enero de 2021 los contribuyentes estadounidenses han gastado hasta 451.000 millones de dólares en la atención de inmigrantes en situación irregular.
De acuerdo con la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), la presencia de aproximadamente 20 millones de inmigrantes indocumentados y sus hijos en EE.UU. genera un gasto de al menos 182.000 millones de dólares anuales, de los cuales 66.500 millones corresponden a gastos federales y 115.600 millones a costos asumidos por estados y gobiernos locales.
El informe también señala que la Administración de Joe Biden asignó más de 1.000 millones de dólares a inmigrantes indocumentados a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), además de destinar miles de millones a organizaciones que facilitaron la inmigración irregular y proporcionaron asistencia legal para impugnar órdenes de deportación.
Medidas adicionales en la política migratoria de Trump
En paralelo a esta orden ejecutiva, el Gobierno de Trump ha implementado una serie de medidas para endurecer la política migratoria y reforzar la seguridad en la frontera. Entre las acciones destacadas por la Casa Blanca se encuentran:
- Declaración de emergencia nacional en la frontera sur.
- Reanudación de la construcción del muro fronterizo.
- Despliegue de efectivos militares, incluyendo la Guardia Nacional.
- Suspensión de la entrada de extranjeros al país.
- Retorno de los Protocolos de Protección a Migrantes (“Permanecer en México”).
- Eliminación de programas de parole como el destinado a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
- Fin del uso de la aplicación CBP One para procesar solicitudes migratorias.
- Revocación de órdenes ejecutivas de Biden que facilitaron la llegada de inmigrantes.
- Pausa del Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. (USRAP).
- Detención y traslado de criminales indocumentados “peligrosos” a la base de Guantánamo.
La orden ejecutiva firmada por Trump marca una de las decisiones más contundentes de su administración en materia migratoria. La medida ya genera reacciones dentro y fuera del país, en un contexto de creciente debate sobre la inmigración en Estados Unidos.
