MIAMI, Estados Unidos. – Autoridades del Ministerio del Interior (MININT) del régimen cubano estimaron este miércoles que la nueva Ley de Migración, que debe ser aprobada en el Parlamento en julio, afectará a 1,3 millones de cubanos residentes en el exterior.
La nueva norma, que fue publicada como proyecto de ley el pasado 18 de junio, establece la nueva categoría de “residencia efectiva migratoria” y elimina el límite de dos años en el extranjero para que un cubano pierda su residencia, subrayó en conferencia de prensa el jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, Mario Méndez.
Asimismo, la norma establece prohibiciones de entrada y salida del país por razones de “seguridad y defensa nacional” que no han sido especificadas por las autoridades.
Según Méndez, en la nueva normativa “no hay limitación de derechos”. El funcionario también dijo que la ley no tendrá carácter retroactivo, por lo que solo afectará a aquellas personas que emigren una vez entre en vigor la nueva ley.
Por su parte, medios de prensa y activistas han señalado que, de aprobarse la normativa, esta representaría un exceso de atribuciones para las autoridades migratorias y violaciones a los derechos humanos de los cubanos.
Este martes, la abogada de Cubalex Giselle Morfi dijo a CubaNet que, mediante la propuesta de ley, la Dirección de Identificación de Migración y Extranjería tendría “atribuciones superamplias” como la de “dictar, dirigir y controlar las medidas de inadmisibilidad y salida del territorio nacional”, es decir, quién entra o sale del país, y quién no.
“Para mí, esto debería estar en manos de un tribunal especializado, o sea, competente, imparcial, autónomo, independiente, y no de un órgano del Ministerio del Interior, que es una de las fuerzas armadas del Estado cubano y que, además, no tiene competencia para tomar decisiones de este tipo”, señaló la abogada.
La especialista de Cubalex también expuso que se trata de decisiones que restringen libertades y derechos fundamentales reconocidos en los estándares internacionales y en la Constitución cubana. Para poder restringir derechos humanos fundamentales, “se deben tener en cuenta una serie de garantías jurídicas que este organismo, por supuesto, no tiene en cuenta”, acotó.
Para Morfi, la redacción del documento “está demasiado amplia” y otorga a las autoridades “facultades que les permiten tomar decisiones arbitrarias, caer en corrupciones y otros delitos por la amplitud de la norma; no hay certeza jurídica de hasta dónde pueden llegar y, por lo tanto, la ciudadanía queda, en parte, desprotegida, a la hora de poder defenderse. Esto forma parte de toda la estrategia de opacidad del gobierno cubano para poder actuar de manera arbitraria todo el tiempo y salir ilesos, para garantizar su impunidad”, sentenció.
En sentido general, para Morfi, “el fin que se percibe con estas restricciones que están establecidas en la norma cubana no es legítimo y tampoco va a responder a una necesidad pública o social apremiante, en proporción con ese objetivo legítimo que está previsto en el derecho internacional”.
Asimismo, el proyecto de ley tampoco establece ningún procedimiento para poder reclamar las decisiones cuando estas se consideren arbitrarias, ilegales, abusivas, irracionales o discriminatorias, “a pesar de que uno de los principios que regula el proyecto es el de no discriminación”.
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