AREQUIPA, Perú – La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobó este fin de semana una nueva Ley del ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos durante la sesión plenaria.
Por primera vez el régimen incluye regulaciones referentes a la ética de los profesionales jurídicos en la Isla, quienes ejercen bajo la influencia y la vigilancia de las políticas dictadas por el Partido Comunista.
En palabras citadas por la prensa oficial castrista, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, afirma que la norma es de aplicación para todos los juristas que ejercen la representación, defensa y asesoramiento jurídico de las personas.
Asimismo, el titular señaló que la ley complementa un ciclo de disposiciones que colocan a los ciudadanos “en mejor situación para la defensa y el respeto a sus derechos”. Ello, en medio de un contexto cubano marcado por más de 1.000 presos políticos, en buena medida convictos por delitos fabricados a través de los órganos fiscales que controla el castrismo.
La normativa aprobada sustituye el Decreto-Ley 81 de 1984 y persigue “regular aspectos del ejercicio de la abogacía como profesión en el país, los principios fundamentales que la ordenan, su función, alcance, derechos y deberes de los abogados, su comportamiento ético y la responsabilidad que asumen como garantía del ejercicio de los derechos de las personas”.
“A 40 años de vigencia del Decreto Ley 81 de 1984 es imprescindible su modificación”, agregó el ministro.
De esa manera, según Silvera Martínez, se uniformarían esas exigencias en aquellos profesionales que ejercen la abogacía en instituciones distintas a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).
El titular cubano subrayó que la ley introduce el reconocimiento de la comunicación social, la ciencia, la tecnología y la innovación, como elementos fundamentales para el desarrollo y perfeccionamiento de la abogacía y define a la ONBC como “una organización autónoma, autofinanciada e independiente”.
Para la modificción de la ley el régimen cubano alega que consultó a profesionales del derecho y de otras instituciones que emitieron 203criterios, de los que 116 fueron aceptados.
“Como resultado, se añaden un capítulo, una sección y una disposición transitoria; se modificaron 76 artículos y se suprimieron nueve, además de un por cuanto. El texto que se presenta es la sexta versión”, precisó Silvera Martínez.
Si bien la ONBC se jacta de ser una organización no gubernamental autofinanciada e independiente, es el Ministerio de Justicia regido por la dictadura el que autoriza el ejercicio de los bufetes, así como el que aprueba las tarifas y otras formas de control dentro del marco jurídico.
