MIAMI, Estados Unidos. – La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo con reportes de agencias y medios internacionales.
La sentencia se refiere a un caso de defraudación al Estado en obras viales durante su mandato, entre 2007 y 2015.
El fallo, inicialmente dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, encontró a Fernández culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la causa conocida como “Vialidad”. La investigación se centró en irregularidades en la concesión de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Cristina Fernández.
Poco antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su decisión, la exmandataria, de 71 años, publicó un video en la red social X (antes Twitter). “Me dirijo a una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, anunció. Fernández no asistió a la audiencia donde se confirmó su condena.
La también exvicepresidenta (2019-2023) y líder del peronismo ha sostenido que es víctima de una persecución judicial. En un escrito difundido en sus redes sociales, afirmó que “el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta”. Añadió que las obras adjudicadas a Báez fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.
La sentencia también confirma las condenas al empresario Lázaro Báez y a varios exfuncionarios del Gobierno de Fernández, quienes deberán cumplir distintas penas de prisión. Durante la audiencia, militantes del kirchnerismo se manifestaron en las afueras de los tribunales federales en Buenos Aires, protestando contra lo que consideran un ejemplo de “lawfare” o uso del sistema judicial para perseguir a líderes políticos.
Aunque la condena ha sido ratificada, Fernández no perderá su libertad de forma inmediata ni estará impedida de aspirar a cargos públicos en el corto plazo, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema. Este proceso podría extenderse por años. En caso de que la máxima instancia judicial confirme la sentencia, la exmandataria podría cumplir la pena en su domicilio debido a su edad.
La dirigente peronista ha vinculado a los jueces que la condenaron con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), afirmando que impulsó la investigación en su contra. “Soy víctima de una persecución política y judicial”, ha reiterado en múltiples ocasiones.
