El preso político Luis Robles Elizástigui, recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en Cuba, fue promovido a un régimen carcelario de mínima severidad, según informó CubaNet.
Su madre, Yindra Elizástigui Jardines, dijo a ese medio de prensa independiente que otro recluso le informó, vía telefónica, la decisión de llevarlo a campamento.
Robles llevaba casi un año pidiendo el cambio de régimen sin obtener respuesta. Si bien el cambio le correspondía por el tiempo cumplido, las autoridades le habían negado reiteradamente el beneficio. Ahora la familia espera que se le garantice atención médica y se evalúe su libertad condicional.
La salud de Robles se ha deteriorado en prisión. En junio pasado su madre comunicó que tenía hemorroides y problemas renales. Elizástigui Jardines, hipertensa y diabética, también está enferma por la situación de su hijo. “No he ido a visitarlo para que no me vea así y haga una locura. Solo pido que le den sus derechos”, expresó.
Condenado por supuesta propaganda enemiga y desobediencia, Robles ha sufrido tratos crueles y degradantes, según sus allegados.
Pero el caso de Robles no es aislado. Las precarias condiciones carcelarias y la escasez de medicinas aquejan a numerosos presos políticos en Cuba. Las autoridades siguen sin garantizar los derechos básicos de estas personas, a pesar de las denuncias y reclamos de organismos internacionales.
Robles fue detenido el 20 de diciembre de 2020 tras levantar un cartel donde había escrito “Libertad”, “No más represión” y con un mensaje a favor de la excarcelación de Denis Solís, rapero y miembro del Movimiento San Isidro (MSI).
A finales de marzo de 2022, luego de más de 12 meses de “prisión provisional”, fue sentenciado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de “propaganda enemiga” y “desobediencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en agosto último su Resolución 41/22, a través de la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Luis Robles Elizástegui. Según advirtió la organización a través de un comunicado, “sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.
