El prisionero político del 11J Marlon Noval Alonso padece de trastorno bipolar y, en ocasiones, el régimen cubano le niega las pastillas de su tratamiento, denunció el activista Marcel Valdés en redes sociales.
Su madre Madelaine Alonso envió un audio a ADN Cuba de una llamada telefónica de su hijo, grabada el 27 de octubre, donde el preso político confirma los maltratos que recibe en el penal.
“El reeducador no me quiere sacar para que me vea el médico“, expresó el recluso.
A Noval Alfonso, recluido en la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, le ha salido recientemente una erupción en la piel, por lo cual exigió atención médica, pero se la negaron.
El reeducador a su cargo, identificado como “Larry”, le respondió que no le darían atención.
Marlon Noval Alonso, natural de Güira de Melena, provincia de Mayabeque, fue condenado a 10 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en ese municipio el 11 de julio de 2021.
Su abuela, Ciri Sosa, ha pedido la liberación del joven de 26 años en redes sociales. “Me uní al grupo porque mi nieto Marlon Noval Alonso está cumpliendo una condena de 10 años por pedir libertad para Cuba y su pueblo”, escribió ella en el grupo de Facebook “11 de Julio de Cuba”.
Anteriormente, en abril de 2023, la Seguridad del Estado le propuso al joven “colaborar con ellos”, a lo cual Noval se negó.
#Twitazzo 🇨🇺 Marlon Noval Alonso, preso político y manifestante del 11 Julio, condenado a 11 años de privación de libertad. La Seguridad del Estado le propuso colaborar con ellos, pero Marlon se negó a colaborar y hoy es reprimido en prisión.#PresosDeCastro https://t.co/4wghqjxPYl
— Presos Políticos De Cuba (@PresosCuba) April 26, 2023
El juicio contra un grupo de manifestantes de Güira de Melena, incluido Noval Alonso, se celebró en marzo de 2022. De acuerdo con las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía Militar, los imputados, junto otros cientos de personas, se dirigieron hacia entidades comerciales que recaudan moneda libremente convertible ‘destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población’ con la finalidad de “destruirlas, como muestra de inconformidad con el objeto social de las mismas”.
Sus familiares, a lo largo de estos más de dos años de condena política, han desmentido estas acusaciones del régimen cubano.
