La organización jurídica independiente Cubalex denunció este 5 de septiembre que existe un patrón de agresiones de presos comunes a reclusos políticos ordenadas por las autoridades penitenciarias en varias prisiones del país.
En la Prisión Provincial de Pinar del Río el reo común Lewis Calas Herrera, que trabaja como supervisor de disciplina, es utilizado supuestamente por el jefe de orden interior Lázaro Castillo Placencia y el teniente Nivaldo para golpear a otros reclusos, informó Cubalex.
Calas debe pesar unas 200 libras, mide 1.80 metros y fue boxeador, según dijo Cubalex, que, además, ha recibido denuncias de al menos 18 presos que han sido golpeados por él, siempre por orden de las autoridades y atacando del cuello hacia abajo. Las autoridades le pagan con visitas clandestinas en las que recibe cigarros y comida.
Situaciones similares se han reportado en otras cárceles del país. El activista Yury Almenares denunció este tipo de agresiones en el Combinado del Este de La Habana.
Al respecto, el activista cubano Alberto Ortega Fonseca, que trabaja con organizaciones de presos políticos en la isla, explicó que el régimen utiliza a los llamados “presos de disciplina” con historial de violencia para agredir a otros reclusos, especialmente políticos, como una especie de “mercenarios” contra el pueblo.
En declaraciones a ADN Cuba señaló Fonseca que este tipo de agresiones se han replicado en prisiones de La Habana, Quivicán, Camagüey y Holguín, donde se quitan derechos y castigan a presos políticos antes de enviar a los reclusos comunes a golpearlos por órdenes de la seguridad del Estado.
“Cualquier cosa que sucede a través de los presos políticos, de los familiares de los presos políticos, todo pasa por la seguridad del Estado”, dijo.
El acercamiento de la reunión del G-77+China ha llevado al régimen a incrementar la represión en las cárceles para mantenerlos callados, según expresó.
Situaciones como estas han sido denunciadas en el pasado por Ortega Fonseca. En junio el activista informó de un complot en la prisión de Quivicán, en la cual militares supuestamente recibirían sobornos de presos comunes para golpear a los manifestantes del 11J que se encuentran encarcelados.
De acuerdo con el testimonio, los manifestantes fueron amenazados con golpizas e incluso con la muerte si volvían a protestar dentro de la cárcel.
Entre los oficiales señalados como corruptos se encuentran el segundo jefe, Yuliesquis Menéndez Montero, y el jefe de orden interior, Alexis Figo Castellano, apodado “Fino”, quien estaría sobornando a reos para agredir a los prisioneros políticos.
La denuncia también responsabiliza a los oficiales Inaudis Reinoso Bel y Odesmel Alcea Díaz de permitir este tipo de agresiones. Según el reporte, el reo Lázaro Serera Núñez consume y vende drogas en la prisión y se encarga de mantener la “disciplina” golpeando a presos políticos.
