Al menos siete mujeres fueron asesinadas en Matanzas en el primer semestre de este año, según un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal citado por la prensa oficial.
“El 98 % de las causas básicas se asociaron a la agresión con arma blanca; a su vez, el 2 % restante fue por agresión con objeto contundente y precipitación”, explica un reporte del periódico local Girón sin revelar las identidades de las víctimas ni reconocer el término feminicidio.
El texto, titulado “Los rostros descubiertos de la violencia“, admite el alza de los casos de violencia de género en los últimos meses, aunque dice que no se trata de un “aumento desmedido”, pese a que casi duplica los contabilizados en el año anterior. Según indican, en 2020 hubo tres asesinatos de este tipo en la provincia, en 2021 cuatro y en 2022, siete.
El 2023 ha sido el año con más feminicidios verificados en la isla por los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y Yo sí te Creo en Cuba (YSTCC). Entre enero y noviembre han ocurrido al menos 76, una cifra que supera en más del doble los reportados en 2022 (36). Solo en Matanzas, la provincia con mayor índice de casos, se han verificado al menos 9 mujeres asesinadas en este período.
Ante los múltiples reclamos de la sociedad civil, la prensa estatal ha comenzado a tratar el tema discretamente. No obstante, los pocos datos que ofrecen están por debajo del subregistro de los observatorios independientes. Aunque el discurso oficial admitió esta vez que las leyes han sido ineficaces para enfrentar el problema.
“Durante muchos años el Derecho no impidió la naturalización de la violencia”, señala el diario estatal.
“En el Código Penal no hay un artículo ni un tipo penal que defina el ejercicio de violencia contra la mujer, pues esta puede dar lugar a un asesinato, a un delito de lesiones, a que se excluya a la mujer en las relaciones laborales con diferencias en cuanto a los hombres”, apuntó María Elena Govín, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial.
Este ha sido un reclamo constante de las feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente al Estado cubano, que exigen, además, una Ley Integral contra la Violencia de Género, así como transparencia en los datos para poder llevar a cabo políticas públicas eficaces.
“Nosotros hemos hecho hincapié que la solución a la violencia de género y los feminicidios en Cuba está en la prevención, en la creación de una Ley Integral contra la violencia de género que transversalice todas las demás leyes de la sociedad”, comentó recientemente a Martí Noticias Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas.
El reporte de Girón también insiste en que las mujeres muchas veces no buscan ayuda y, en algunos casos, retiran las denuncias. “Hemos tratado más casos que en períodos anteriores en los que han muerto mujeres y los victimarios han sido su cónyuge o pareja de hecho afectiva, y el móvil han sido los celos, haber terminado la relación o por venganza”, comentó al diario oficialista la fiscal provincial Yulelkis Hernández Bernal.
“Es un patrón machista, posesivo, y se repite. Pero también son más habituales las amenazas, las lesiones, incluso, suceden con más frecuencia de la que se conocen por los órganos policiales y judiciales”, dijo.
No obstante, los testimonios de las víctimas apuntan a la inacción por parte de las autoridades. A mediados de octubre una sobreviviente de la violencia machista aseguró que sus denuncias habían sido mal atendidas por la Policía. Gisselle Ordóñez Milián, aseguró en su perfil de Facebook que una expareja suya la había agredido dentro de su propia vivienda.
“Me siguió desde El Vedado hasta mi casa y me intentó forzar para tener sexo. Como no acepté, me dijo que yo iba sufrir las consecuencias de no querer estar con él, amenazó mi vida y la de mi hijo. Lanzó el refrigerador contra la pared, rompió el televisor con una baqueta, y me dejó varias lesiones en el cuerpo”, detalló.
Esa misma noche, aseguró, puso la denuncia contra su agresor en la 6ta estación de Policía, en Marianao. “Cada vez que llamo para darle seguimiento al caso, la respuesta es la misma: me siguen diciendo que me avisan cuando lo capturen, no hay otra respuesta. Sigo esperando su pronta detención, mientras la vida de mi hijo y la mía corren peligro”.
“La indefensión a la que estamos sujetas las víctimas porque la justicia demora en actuar nos puede costar la vida. Rompo el silencio, porque el silencio ha sido la ventaja de mi agresor en todo este tiempo”, agregó.
Feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades, por tercer año consecutivo, que declaren estado de emergencia en el país ante el aumento de los casos de violencia de género. La solicitud no ha tenido respuesta hasta el momento.
