El expresidente boliviano, acusado del delito de “trata de personas agravado”, no puede abandonar su país.
MIAMI, Estados Unidos. – El comandante de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, confirmó este fin de semana la existencia de una alerta migratoria vigente en contra del expresidente Evo Morales, investigado por un caso de trata de personas.
“Asumimos conocimiento que la Dirección General de Migración tiene esa alerta migratoria. Nosotros con nuestra unidad policial de control migratorio, todo el personal se encuentra en listeza [listo] para evitar la salida de esta persona [Morales] y de todos los ciudadanos que tienen alerta migratoria”, declaró Bazoalto a medios bolivianos.
El 16 de diciembre, la Fiscalía Departamental de Tarija emitió la medida, que incluye una imputación formal y una orden de aprehensión contra el exmandatario. Ante esta situación, Morales se refugió en la región del Trópico de Cochabamba, donde organizaciones afines han advertido que no permitirán su detención. Algunos dirigentes afirman que, de ejecutarse la orden, se desatarán movilizaciones “en todo el país”.
La declaración más polémica provino del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, quien sostuvo: “Se ha dicho que aquel que quiera venir a aprehender a Evo (Morales) que venga, pero decidido a morir. Si no está decidido a morir, mejor que no venga porque estamos decididos a defender a nuestro hermano Evo Morales”.
Las críticas no se hicieron esperar. Sectores “arcistas” (facción del MAS afín al presidente Luis Arce) y de la oposición cuestionaron que la Policía no haya ejecutado la orden de captura, y señalaron una supuesta falta de determinación por parte de las autoridades. E
Morales está citado a declarar el próximo 14 de enero, fecha en la que deberá comparecer ante la Justicia. De incumplir, quedaría expuesto a la ejecución de la orden de aprehensión y una eventual detención preventiva.
A mediados de diciembre, Morales fue imputado por el delito de “trata de personas agravado”, según informó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, en conferencia de prensa.
Además del exmandatario, están imputados los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Gutiérrez detalló que Morales habría mantenido relaciones con una menor de edad durante su tercer mandato presidencial, en 2015. “Acá no hay nada político”, aseguró la fiscal, subrayando que el caso busca “resguardar los derechos de una persona que (…) ha sido vejada”.
De acuerdo con la autoridad, uno de los padres de la víctima, Emeterio Vargas Mamani, ya se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que ambos progenitores pretendían obtener beneficios políticos a costa de su hija. Las investigaciones, iniciadas a finales de septiembre, llevaron a la conclusión de que estas acciones encajan en la figura delictiva de trata de personas, orientando el caso hacia esa perspectiva legal.
La tensión en Bolivia se ha incrementado en los últimos años ante el quiebre entre Morales y Arce, antiguos aliados del MAS. Morales pretende postularse nuevamente a la presidencia en 2025, enfrentando el proyecto de reelección de Arce. En este contexto, las acusaciones contra el exmandatario han agudizado las divisiones internas y el clima de inestabilidad política.
