El desplome de las finanzas del Estado cubano, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y la pérdida de ingresos tributarios por la emigración masiva de los trabajadores han llevado al Consejo de Ministros a modificar el método para el cálculo de las pensiones por jubilación e invalidez total. La normativa busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas, que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio.
El decreto, adoptado el pasado 29 de noviembre por el Gobierno, entró en vigor con su publicación el 4 de enero en la Gaceta Oficial y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora.
La base de cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determinará sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante cinco años, seleccionados de entre los últimos quince años naturales anteriores a la solicitud de la pensión. En cuanto a las utilidades –aquí está la novedad–, que “forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo”, estarán sujetas a un cálculo regresivo: “Hasta nueve mil quinientos diez pesos, se considera el ciento por ciento como base de cálculo de la pensión [mientras] al exceso de veintiocho mil quinientos treinta pesos, se le aplica el veinte por ciento.”
La justificación para el cambio resalta que al contemplarse para el pago de las pensiones la distribución de utilidades se han generado retribuciones “con elevadas cuantías”
La justificación para el cambio resalta que al contemplarse para el pago de las pensiones la distribución de utilidades se han generado retribuciones “con elevadas cuantías”. La solución es cambiar la base del cálculo para las jubilaciones “a fin de atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social”.
“El envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social”, subraya el texto oficial. El decreto señala que, por una parte, aumentan la cantidad de personas que arriban a la edad de jubilación y el tiempo durante el que se mantienen como pensionados y, por otra, disminuye la cifra de contribuyentes al no reemplazarse la fuerza ocupada, es decir, la población laboralmente activa.
El texto legal señala que el cambio se inserta en el nuevo escenario socioeconómico que vive la Isla. El pago de pensiones fue modificado en el año 2020 cuando se fijó la pensión mínima en 1.520 pesos, sin embargo la paulatina devaluación del peso cubano hace que muchos ancianos se encuentren en situación de pobreza frente a los elevados precios derivados de la inflación.
El decreto anterior suprimió los límites sobre la cantidad de salarios mensuales a distribuir por cada trabajador y añadió el pago de utilidades a la base de cálculo para las prestaciones de la seguridad social, una fórmula que derivó en pensiones más elevadas en muchos casos sobrecargando el presupuesto estatal.
El decreto anterior suprimió los límites sobre la cantidad de salarios mensuales a distribuir por cada trabajador y añadió el pago de utilidades a la base de cálculo para las prestaciones de la seguridad social
Por su parte, el nuevo Decreto 99 mantiene esas condiciones especiales de pagos excepcionales por actividades como las “de pronto despacho y de trincaje que se aplican en la actividad portuaria u otros pagos reconocidos legalmente que no constituyen salario y que forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo”.
Así mismo, la normativa advierte de que quienes hayan iniciado el trámite de jubilación antes de la publicación del actual decreto se acogerán a lo establecido en la legislación anterior.
En 2018 las pensiones mínimas subieron de 200 a 242 pesos, por disposiciones de Raúl Castro y, poco más de dos años después, con la Tarea Ordenamiento ascendió a 1.520 la mínima.
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) al cierre de 2022 el 22,3% de la población cubana tenía más de 60 años y la esperanza de vida supera los 77 años.
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