MIAMI, Estados Unidos. – El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon, denunció este lunes en Ginebra la grave situación de los derechos humanos en el país centroamericano y afirmó que este no cumple con los estándares básicos de independencia judicial.
“Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, aseguró Simon durante su intervención en el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe presentado por el funcionario, que está basado en más de 1.200 entrevistas y casi 5.000 documentos, detalla crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluidas persecuciones políticas y privaciones de la nacionalidad. “Hemos podido establecer que la concentración de todos los poderes públicos en las manos del presidente y de la vicepresidenta sigue endureciendo”, explicó Simon.
Entre las principales violaciones documentadas se encuentran las detenciones arbitrarias, las torturas y el uso del derecho penal como arma para eliminar a cualquier opositor, real o percibido. Simon resumió la situación diciendo que “las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país”, como los 135 presos políticos que fueron obligados a abandonar Nicaragua recientemente.
El informe también denuncia violaciones transfronterizas, que afectan a las víctimas que han sido forzadas al exilio. “Víctimas fuera del territorio nacional siguen siendo privadas arbitrariamente de sus medios de vida. Se les niega también arbitrariamente la entrada a su país”, señaló Simon, subrayando que más de 700 víctimas en el extranjero han sido afectadas por estas violaciones .
Un patrón grave de violaciones es la llamada “violación por asociación”, en la que familiares de personas opositoras al régimen, o percibidas como tales, son perseguidos únicamente por sus lazos familiares. “Un aspecto muy grave de este patrón es la afectación de al menos un centenar de niñas y niños”, añadió Simon.
El desmantelamiento de organizaciones y sectores clave de la sociedad civil nicaragüense también forma parte del informe. “Se ha desmantelado cualquier esfuerzo de organización de la población campesina. La toma forzosa de las universidades y las violaciones contra líderes estudiantiles y profesores han afectado masivamente la educación superior de miles de estudiantes”, denunció Simon, destacando el impacto devastador de estas acciones en el desarrollo del país.
El informe también señala que el régimen nicaragüense ha suprimido derechos fundamentales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, los cuales han sido víctimas de violaciones a sus derechos de autodeterminación y territoriales. Además, Simon destacó que las persecuciones contra la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas también han implicado graves violaciones al derecho a la libertad de religión.
En su conclusión, el funcionario advirtió que la situación en Nicaragua sigue empeorando y, que cada día que pasa, “más se profundizan las cicatrices en la sociedad”. Finalmente, llamó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre los derechos humanos en Nicaragua y reiteró las recomendaciones anteriores del grupo para mejorar la situación en el país.
