El prisionero político del 11J Luis Barrios Díaz, de 37 años, falleció el 19 de noviembre en el hospital de La Covadonga, en La Habana, tras falta de atención médica, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) este lunes.
De acuerdo con el reporte, Barrios Díaz venía presentando problemas respiratorios desde agosto pasado, motivo por el cual había sido ingresado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y después, trasladado a ese hospital para recibir atención especializada.
Los médicos de La Covadonga informaron a las autoridades del penal que era indispensable el ingreso hospitalario debido al mal estado de salud del reo. Sin embargo, los funcionarios decidieron devolverlo a la prisión, alegando que no tenían combustible “para garantizar una vigilancia permanente al prisionero político”.
Según el OCDH, esta decisión provocó el empeoramiento de su estado de salud.
El recluso fue intervenido quirúrgicamente con urgencia el 18 de noviembre y falleció en terapia intensiva por complicaciones respiratorias.
Endris Arias Meralla, compañero de prisión y amigo del fallecido, informó al OCDH que las autoridades, en un intento de librarse de la responsabilidad, tramitaron de inmediato una licencia extrapenal para el prisionero político.
🚨URGENTE:
Fallece tras negligencia de las autoridades penitenciarias el prisionero del 11J Luis Barrios Díaz
El OCDH recuerda que, según las Reglas Mandela de la ONU, la prestación de servicios médicos adecuados a los reclusos es una responsabilidad del Estado.Madrid, 20 de… pic.twitter.com/HhDg8qcMtz
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) November 20, 2023
Luis Barrios Díaz fue condenado por el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo a 9 años de prisión por su participación en las manifestaciones de julio de 2021, acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado.
El OCDH recordó que otros presos políticos tienen su estado de salud deteriorado, como es el caso de los líderes opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer.
Por último, la organización pidió un pronunciamiento de los gobiernos democráticos y de la Unión Europea al respecto.
