LA HABANA, Cuba. – El preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés denunció vía telefónica desde la Prisión Provincial de Pinar del Río (Kilo 5 ½) que algunos guardias y oficiales se apropian de una parte de los alimentos destinados a los reclusos de ese centro penitenciario de máximo rigor, ubicado en la Carretera Central.
Rodríguez Valdés, quien es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización opositora dirigida por el prisionero político José Daniel Ferrer García, dio a conocer que el personal del área 2 de Prisión Preventiva sirve solo la mitad de los alimentos destinados a los reclusos, con el objetivo, según aseguró, de apropiarse del resto para alimentar a sus cerdos y en muchos casos “para el consumo de sus hogares”.
El también integrante de la Alianza Democrática Pinareña puntualizó que ese proceder se traduce en más de 600 prisioneros pasando hambre, pues la ración de arroz, no superior a los 45 o 50 gramos, está acompañada únicamente por una sopa de arroz sin sabor, una pasta que ni los militares saben de qué está compuesta, y un “pedacito de yuca” que no sobrepasa los 10 gramos.
El preso político hizo énfasis en que el robo de víveres es llevado a cabo a espaldas del jefe de la prisión, mayor Eliecer Díaz Rodríguez. De igual manera señaló como máximo responsable y mayor beneficiado con esos manejos al oficial identificado como capitán Norge, jefe del área 2.
Rodríguez Valdés apuntó además que la mayoría de los jefes de grupo sacan provecho del robo de comida, y otro tanto ocurre con los cocineros de esa área, quienes también resultan favorecidos con esa actividad.
En adición a lo anterior, el activista y opositor denunció que los militares no les permiten a los internos ingresar a la compañía con los alimentos que les llevan sus familiares a las visitas. En lugar de eso les decomisan esas vituallas, que también se llevan para sus hogares y para cebar sus crías de cerdos. Asimismo, recalcó que el beneficiado de ese despojo también es el mencionado capitán Norge, jefe del área 2.
Jorge Luis Rodríguez Valdés, de 45 años de edad, se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de privación de libertad por el presunto delito de desacato contra la figura del presidente designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como represalia por pintar carteles en contra de la dictadura en una oficina del Comité Militar y en la terminal de trenes de su municipio de residencia, San Juan y Martínez.
Según afirma el prisionero político, denunciar el robo de alimentos le puede traer como consecuencia que le quiten el teléfono, como le han hecho anteriormente, por ejemplo durante todo el mes de agosto, en represalia por denunciar otras violaciones.
