Los prisioneros han sido acusados de desórdenes públicos, atentados, daños, desacato, resistencia e instigación a delinquir
14ymedio/EFE, La Habana |
Al menos 17 personas que participaron en las protestas en la localidad de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022 permanecen en prisión esperando a ser juzgadas, afirmó este jueves la ONG Justicia 11J.
Tras protestar por los apagones y la escasez, los prisioneros han sido acusados de “desórdenes públicos, atentados, daños, desacato, resistencia e instigación a delinquir”, y por ello permanecen “en precarias condiciones” esperando por el juicio.
La organización mencionó el caso específico de la joven de 21 años Mayelín Rodríguez, arrestada por grabar y difundir en redes sociales imágenes de la protesta.
“En Nuevitas se pudo observar una estrategia represiva que sería aplicada en protestas posteriores: arrestar a manifestantes o supuestos líderes de las marchas tanto durante los hechos como luego de estos, como parte de operativos y redadas, o tras asistir a citaciones para interrogatorios”, aseguró la organización, aunque la contrainteligencia cubana ya había empleado métodos similares con los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021.
Meses después de las protestas, el régimen todavía buscaba a los “culpables” de las manifestaciones en Nuevitas
Meses después de las protestas, el régimen todavía buscaba a los “culpables” de las manifestaciones en Nuevitas pues, a pesar de que “entendía las molestias y dificultades del pueblo por los frecuentes apagones”, nada “justifica” las protestas.
Justicia 11J añadió que “desde inicios de 2022 hasta la fecha se han realizado al menos 254 protestas públicas de distinta tipología y escala”.
Indicó que han registrado “la detención de 241 personas en relación con protestas, aún cuando la víctima no hubiera participado en eventos de protesta en el espacio público”.
Justicia 11J se presenta como un grupo de trabajo que registra “la respuesta gubernamental a manifestaciones públicas de distinta tipología, en el espacio público y en centros de detención”, tras las protestas del 11J.
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