MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 74 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba durante el mes de octubre, lo que representa un incremento del 105,56% en comparación con el mes anterior.
La organización atribuyó esta cifra a la intensificación de la represión gubernamental contra periodistas y ciudadanos que salieron a las calles para protestar por la crisis energética que afecta al país.
Del total de incidentes reportados, 28 están relacionados con ataques a la libertad de prensa y 46 con la libertad de expresión. Las violaciones incluyen 27 casos de agresiones, amenazas y hostigamiento psicológico, 18 detenciones arbitrarias, 11 abusos de poder estatal, ocho restricciones en el espacio digital, seis reclusiones y cuatro agresiones físicas. Los principales organismos responsables de estas acciones son la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de acuerdo al ICLEP.
Las provincias más afectadas fueron La Habana y Villa Clara, con 21 casos cada una, seguidas de Las Tunas (7), Guantánamo (6), Artemisa y Sancti Spíritus (5 cada una) y Camagüey (4). En total, se registraron violaciones en 10 provincias de la Isla.
Un evento significativo señalado por el ICLEP ocurrió el 21 de octubre en Manicaragua, Villa Clara, donde ciudadanos protestaron frente a la sede del gobierno municipal en medio del colapso energético nacional. Tras la manifestación, varios participantes fueron arrestados y trasladados a la prisión La Pendiente.
Entre las 48 víctimas identificadas, que incluyen a 37 hombres y 11 mujeres, se encuentran 17 periodistas, 16 ciudadanos, ocho presos políticos, cuatro opositores, tres activistas y tres creadores de contenido. El ICLEP subrayó que la mayoría de los detenidos por protestar pacíficamente contra los apagones no tenían vínculos con organizaciones opositoras al régimen; eran ciudadanos que expresaban legítimos reclamos ante las carencias agravadas por la crisis energética.
Durante octubre, se observó una preocupante escalada represiva contra periodistas y colaboradores de medios independientes como CubaNet, El Toque y Periodismo de Barrio. Varios profesionales fueron interrogados, amenazados y obligados a grabar videos autoinculpándose de delitos que no cometieron. Además, fueron forzados a renunciar públicamente en redes sociales a sus trabajos con estos medios.
Asimismo, directores y periodistas de los medios comunitarios del ICLEP, como Juan Manuel Moreno Borrego (Amanecer Habanero), Orlidia Barceló Pérez (El Espirituano), Mabel Páez Díaz (El Majadero de Artemisa) y Antonio Suárez Fonticiella (Páginas Villareñas), fueron citados simultáneamente en sus provincias. También fueron interrogados y amenazados para que abandonaran sus labores periodísticas.
A pesar de la crisis energética y la escasez de combustible, el régimen destinó recursos para vigilar, acosar y reprimir a periodistas y colaboradores de medios independientes y del propio ICLEP.
Por otro lado, las amenazas contra presos políticos persistieron. El periodista independiente Carlos Michael Morales, quien cumple una sanción de ocho meses de prisión domiciliaria, recibió un ultimátum para comenzar a trabajar para el Estado o cumplir el resto de su condena en prisión. Pedro Luis Fernández Peralta, coordinador municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en La Habana, fue amenazado por la Seguridad del Estado tras negarse a colaborar como informante. Además, al preso político y animalista Gustavo Mena Artola, condenado a dos años por desacato debido a publicaciones en Facebook, se le negó la libertad condicional.
“La represión del régimen cubano se extiende a cualquier frente en el que por asomo vean algún peligro que amenace su permanencia en el poder”, denunció el ICLEP. “Ya no se trata solo de acallar a los periodistas y colaboradores de la prensa independiente, sino a cualquiera que cuestione de manera abierta y pública la realidad existente en Cuba o exija sus derechos”.
El ICLEP hizo un llamado a los cubanos a “continuar denunciando públicamente estas agresiones” y solicitó a las organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación que “continúen visibilizando las violaciones a la libertad de expresión y prensa que se cometen en la Isla”.
