SANTIAGO DE CUBA. – David Leyva Palomo, de 34 años y natural de la provincia de Holguín, fue condenado a 13 años de privación de libertad en marzo de 2021 por los supuestos delitos de “apropiación indebida” y “falsificación de documentos”. Actualmente, se encuentra recluido en la prisión El Yayal, en dicha provincia.
Según su madre, Maritza Palomo Martínez, se niega a comer en señal de protesta por su condena y también por los impedimentos para que el Tribunal Supremo revise su causa.
“Mi hijo fue sancionado sin pruebas; pedimos una revisión del caso y nadie nos la ha querido dar. Nos dijeron que las pruebas eran falsas. He agotado todos los recursos y canales oficiales, incluso fui hasta La Habana, al Comité Central [del Partido Comunista de Cuba], y por pedir que me atendieran fui detenida dos horas. Estoy desesperada, mi hijo se me muere”, declaró la mujer a CubaNet.
En 2019, Leyva Palomo se desempeñaba como jefe de Sección ATM en la UEB Fábrica de Pienso Holguín. En ese cargo, detectó y reportó irregularidades con respecto a los consumos del aceite crudo de soya, específicamente en las mediciones y comparaciones entre el consumo real y el reflejado en el sistema.
No obstante, él mismo y otros dos funcionarios de la empresa resultaron acusados y procesados. En principio, la petición fiscal era de seis años por los supuestos delitos de “apropiación indebida” y “falsificación de documentos”.
Aunque el abogado que llevaba entonces la defensa le decía a Palomo Martínez que no había de qué preocuparse porque no existían pruebas contra su hijo, en febrero de 2021 se celebró el juicio en el Tribunal Provincial y el joven resultó condenado.
“En el momento del juicio yo estaba fuera del país, pero seguía en comunicación con el abogado que, hasta el último momento, me decía que todo iba a salir bien. Sin embargo, al llegar a Cuba supe que nunca hubo investigación por su parte; jamás fue a la empresa a solicitar las pruebas que exculpaban a mi hijo y que hoy tenemos. Los documentos los obtuvimos por mediación de otro abogado que fue y los solicitó”, añadió la entrevistada.
Ya con las evidencias recopiladas, la mujer y el nuevo abogado decidieron pedir la revisión de la causa ante el Tribunal Supremo, pero la existencia de un supuesto delito por “afectación económica” en el expediente continúa truncando dicho recurso.
No obstante, la defensa cuenta con un documento ―firmado por dos especialistas en Gestión Económica y por el director de la UEB, Orlando López Grillé― que niega la existencia de algún faltante y de daños económicos en 2019.
De acuerdo con la madre, después de dos meses que la defensa presentó el recurso de revisión recién fue citada para comparecer en la Fiscalía. “Ellos me llamaron para pedirme nuevos elementos, pero no hay nada nuevo, las pruebas son las que ya presentamos. Veremos qué me van a decir, porque ya es hora de una respuesta concreta. Mi hijo no aguantará mucho más”, lamentó.
El martes pasado, la mujer obtuvo una entrevista con el médico de la prisión, quien le informó que su hijo también había dejado de beber agua y se negaba a tomar medicamentos para la gripe que padecía. A pesar de ello, el doctor aseguró que los análisis complementarios que se le hicieron habían arrojado resultados “estables”.
“Eso es un cuento de ellos, me lo están dejando morir ahí. Ya cuando lo saquen no va a tener solución, porque era para que ya ellos lo hubieran llevado para el Clínico [Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín]. En la prisión ni suero le ponen”, concluyó Palomo Martínez.
