Presos y familiares de condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 y de la manifestación del poblado de Nuevitas, en agosto de 2022, denunciaron a Martí Noticias abusos, precarias condiciones de encarcelamiento y hostigamiento en los penales cubanos donde cumplen condenas por causas políticas.
Desde la prisión provincial Combinado de Guantánamo, Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, con condena de tres años y ocho meses por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, denunció la suspensión de llamadas telefónicas y visitas familiares por órdenes de la policía política.
“Los reeducadores, que son los encargados de darnos el teléfono aquí a nosotros, se están perdiendo. Lo están haciendo a propósito. Nosotros no pedimos nada extra, nosotros queremos aquí lo que nos toca: el teléfono y la visita que nos toca, más nada”, dijo el joven, sometido a varios Consejos Disciplinarios dentro de la cárcel por su postura política.
Bárbara Isaac Rojas, madre de las mellizas Lisdani y Lisdiany Rodríguez Isaac, condenadas a ocho años por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por participar en la protesta del poblado de Placetas, en la provincia de Villa Clara, dijo que sus hijas están siendo acosadas en el penal de Guamajal, en el territorio villareño, donde enfrentan difíciles condiciones carcelarias.
“Llevan un mes completo ahí todas las reclusas sin agua. Las obligan a que carguen el agua, están con dolores de ovarios y el sangramiento no se le quita por tanta fuerza que están haciendo. Lo que le están dando de comida es nada, son unos abusadores”, dijo la señora.
Las hermanas de 25 años enfrentan provocaciones en la Prisión Guamajal de Mujeres, ordenadas por la Seguridad del Estado, denunció Bárbara Isaac Rojas, quien identificó a la agresora como “Yarelvis”.
Jorge García Lujo, acaba de visitar en la cárcel de Boniato, a su hijo Jorge Luis García García, de 48 años de edad y condenado a 13 años de prisión por su participación en la manifestación del poblado de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba.
El manifestante del 11J, padre de tres hijos, ha reclamado a las autoridades carcelarias ser trasladado para una prisión en su municipio, cerca de su familia, pero se lo han negado en varias ocasiones.
En la cárcel de Boniato, “es pésima la alimentación, le están dando harina mañana y tarde, los presos están muy flacos y medicamentos no hay de ningún tipo”, expresó el padre del recluso.
Jorge Luis, cocinero de profesión del restaurant El Chelín, fue detenido dos días después de la manifestación, fue golpeado durante la detención por miembros de las brigadas especiales de la policía, provocándole lesiones en la zona del cuello y el tórax.
Por causa de esa agresión, el preso político tiene los ganglios de esa zona inflamados y creciendo, y según su padre, “ni una biopsia le han practicado durante todo el tiempo de encierro para determinar si son cancerosos, porque según el reeducador no hay recursos médicos en el penal, pero tampoco lo llevan a un hospital”.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba llamó la atención sobre la situación de Yennys Artola del Sol, en espera de juicio en la prisión Granja Cinco, por su participación en la protesta de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022.
La manifestante tiene una petición fiscal de 10 años por el presunto delito de propaganda enemiga, informó el abogado Juan Carlos González Leyva.
“Lleva 15 meses encerrada en una galera, sobreviviendo entre peligrosas asesinas, donde carece de la alimentación y los demás derechos carcelarios, sin ser presentada ante los tribunales de justicia”, explicó el miembro del Consejo.
La Fiscalía de Cuba solicitó penas de hasta 15 años de cárcel para 14 personas involucradas en las protestas ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas, la mayoría está acusada de sedición, por haber reclamado contra los apagones en esa localidad. Los imputados son 11 hombres y 3 mujeres.
El relator destacó además el caso de Oslanis Zulueta Echavarría, de 28 años de edad, cumpliendo 9 años de condena por participar en la manifestación en la ciudad de Camagüey, por los delitos de desórdenes públicos, daños a la propiedad y atentado.
El preso político está recluido en el penal de Kilo 9, y según denunció el relator, a partir de informes de familiares, Zulueta Echevarría acaba de ser maltratado físicamente por un guardia del penal, y no es la primera vez que ocurre.
“En los primeros días de noviembre fue golpeado por segunda ocasión en una galera por el carcelero que se hace llamar ‘Ramón’, según denunció su madre, Odalis Echevarría, estas agresiones son orientadas por la jefatura de la Seguridad del Estado”, concluyó el abogado.
Su madre Odalis Echevarría confirmó a Martí Noticias que este abuso había tenido lugar y aseguró que presentó una queja ante el director de la cárcel de Kilo 9 y continúa a la espera de una respuesta de las autoridades responsables.
