En su 188 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre la libertad de expresión y prensa en Cuba, así como acerca de la nueva Ley de Comunicación Social.
Esta medida es la primera dedicada a regular la prensa desde la llegada al poder de la Revolución Cubana hace más de 60 años y pone por primera vez “en blanco y negro” a los medios afiliados al Estado como los únicos permitidos, lo que deja fuera a la prensa independiente, expuesta a ser mucho más criminalizada y censurada, ahora sobre una base legal.
La activista Rosa María Payá, en representación de la Fundación para la Democracia Panamericana y la Red Latinoamericana para la Democracia, dijo que la Ley de Comunicacion Social no busca la libre expresión para el pueblo cubano, sino silenciar la libre expresión en los medios de comunicación y en el espacio público.
“El régimen cubano ha armado todo su aparato legal y represivo para impedir la libertad de expresión en Cuba, para generar un ambiente de autocensura, de miedo y de persecución. Traemos casos muy claros, como el del periodista Henry Constantín, como el del opositor Ezequiel Morales Carmenate, que está en prisión por compartir un post en Facebook. Esa es la situación de terror que vive el pueblo cubano”, expresó a Martí Noticias la activista.
Las organizaciones presentes expresaron preocupación por la aplicación de esta ley, y dijeron que la Seguridad del Estado se vale de la misma para ejercer control sobre la población.
“Puedes ir a la cárcel, simplemente, por escribir un tuit crítico del régimen”, dijo Payá.
Norges Rodríguez, que dirige el portal digital YucaByte, habló de las legislaciones que censuran el contenido que el pueblo cubano puede compatir en redes, y presentó varios ejemplos de violaciones a los derechos digitales, como cortes de Internet, ciber acoso, o confiscación de equipo de trabajo a los comunicadores independientes.
“En Cuba, luego de la explosión que hubo con el acceso a Internet, el gobierno ha implementado medidas jurídicas, pero también de tipo tecnológico, para impedir que los cubanos se expresen en Internet, o sea, apagones de internet durante protestas específicas, en fechas específicas, o apagones individuales a activistas, artistas, ciudadanos que se quejan en redes sociales. Y eso se suma a medidas jurídicas que penalizan la libre expresión en redes sociales. Entonces, venimos a traer eso a la CIDH, para que conozcan lo que está sucediendo”, dijo el activista a Martí Noticias.
Por su parte, el relator de libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, declaró que Cuba es el único país del continente en el cual no hay ni una sola garantía de la libertad de expresión, y que “ese es un diagnóstico que no sólo no ha variado en positivo”, sino que leyes como la nueva Ley de Comunicación Social apuntan a una tremenda regresión.
“Lo que se entiende como periodismo en la isla es algo que es mucho más cercano a la propaganda que a lo que conocemos como periodismo de libertad de expresión”, opinó el relator.
Las organizaciones de la sociedad civil cubana presentes en el evento pidieron a la CIDH que exija al gobierno cubano el fin de la Ley de Comunicación Social y la liberación de los presos politicos. Pidieron, además, que la Comisión Interamericana solicite una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para estudiar el caso cubano, que cree un mecanismo especial de seguimiento para responder a los desafíos de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y que lleve a cabo una visita in loco a la isla.
