Madrid/El régimen cubano sigue sacando a la calle a presos políticos desde que reanudó, el pasado jueves, las excarcelaciones acordadas con el Vaticano. Uno de ellos, este mismo lunes, es Luis Frómeta Compte, con doble nacionalidad cubana y alemana, que había sido condenado a 15 años de prisión por el delito de “sedición” por filmar con su celular la manifestación del 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana.
“¡Por fin! No nos lo podemos creer. Nuestro padre, Luis Frómeta Compte, por fin es libre y ahora está en casa con su familia en Cuba”, escribió en redes sociales su hija Janie, a la vez que pedía a la prensa “privacidad” y agradecía el “gran apoyo de todos”. La organización Justicia 11J, que recopila información de los detenidos y procesados por salir a las calles en las históricas protestas de julio de 2021, dio también la noticia.
Frómeta Compte no solamente fue uno de los detenidos que recibieron condenas más altas, sino que en el Combinado del Este, la cárcel de máxima seguridad donde estaba recluido, ha sufrido palizas y malos tratos, incluida falta de atención médica para sus padecimientos, como recuerda Justicia 11J. Su caso fue señalado por distintas ONG, como Prisoners Defenders, que reclamó a Alemania por no hacer “apenas nada” por él.
También salió este lunes Iván Arocha Quiala, hijo de Iván Mauricio Arocha Arocha, uno de los excarcelados el pasado jueves
También salió este lunes Iván Arocha Quiala, hijo de Iván Mauricio Arocha Arocha, uno de los excarcelados el pasado jueves. Al igual que su padre, había sido condenado a 10 años de prisión –tres años más de lo que había pedido para él la Fiscalía– por “propagación de epidemias, desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato, atentado y resistencia”, por protestar el 11J en El Caney, Santiago de Cuba.
Primo suyo es otro de los manifestantes excarcelados en los últimos días, Eduardo Reynaldo Machado Arocha, en su caso el domingo. Igual que ocurrió con Arocha Quiala, en el juicio acabó recibiendo una condena mayor que los siete años de petición fiscal (nueve años).
Otro manifestante de aquellas jornadas puesto en libertad es Yasdani Benítez Quesada, el sábado. Natural de Güira de Melena, en Artemisa, fue sentenciado a 14 años de cárcel por
“desórdenes públicos y sabotaje”, pero apeló y su condena quedó en 10 años. La ONG jurídica denuncia que “padece una discapacidad psicosocial, artritis reumatoidea y amigdalitis crónica”.
Con estas cuatro excarcelaciones, sumarían 227 los presos políticos puestos en libertad en virtud de un acuerdo que el régimen cubano ha desligado en todo momento de EE UU, aunque se anunció menos de una hora después de que Biden eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuando, días después, Trump juraba su cargo y devolvía la Isla a la lista negra, La Habana frenó las 553 excarcelaciones prometidas.
El Gobierno se había apresurado a aclarar que no eran “ni una amnistía ni un indulto”, sino “beneficios” que no les eximían de volver a prisión de no cumplir con las “obligaciones”.
Para entonces, estaban en libertad opositores históricos como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y activistas como Pedro Albert Sánchez, Luis Robles o la Dama de Blanco Tania Echeverría, pero no ha habido noticias de la posible liberación de otros disidentes connotados, como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo o las Damas de Blanco Sissi Abascal y Sayli Navarro.
Para Prisoners Defenders, las excarcelaciones no han sido más que “un juego macabro del régimen”. La cifra total de excarcelados que había dado el régimen era “muy emblemática”, estimó Javier Larrondo, presidente de PD, por ser la misma que manejan tanto su organización como otras de manifestantes detenidos después del 11 de julio de 2021. “Lo que han hecho es, subliminalmente, dejar que nosotros nos engañemos solos, y que pensemos que son presos del 11J”, sentenció en declaraciones a este diario el pasado 24 de enero.
Dado que el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que los “beneficios” a los presos se otorgaban en virtud del Jubileo Ordinario decretado por el papa Francisco, es de esperar que sigan excarcelando a prisioneros políticos a lo largo del año.