(EFE).- El juicio por el asesinato de tres personas en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016, suspendido en tres ocasiones por un juzgado de Venezuela y que arrancó por cuarta vez el pasado mes de marzo, ha vuelto a estancarse y varias partes advierten de posibles dilaciones indebidas.
Han pasado siete años y tres meses desde que el 22 de junio de 2016 el ex marine Dahud Hanid-Ortiz presuntamente viajó de Alemania a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas para matarlo, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba.
Según el relato de la Fiscalía y de las acusaciones, mató a las tres personas que encontró –las trabajadoras Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de origen cubano, y al cliente Pepe Castillo, ecuatoriano– prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, donde es juzgado por tener esa nacionalidad junto a la estadounidense.
El juicio por este crimen, uno de los pocos con tres asesinados que han ocurrido en Madrid, arrancó en febrero de 2022 en el Juzgado 15 de la capital venezolana y, cuando solo faltaba la declaración de un testigo, se suspendió porque se decretó un cambio de jueza por motivos que no trascendieron.
Luego se volvió a suspender porque cambiaron al fiscal, y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de ese cargo por motivos ajenos a esta causa.
En marzo de 2023 comenzó por cuarta vez y se han ido practicando de nuevo las declaraciones del acusado, de Víctor Joel Salas y de numerosos testigos y policías
En marzo de 2023 comenzó por cuarta vez y se han ido practicando de nuevo las declaraciones del acusado, de Víctor Joel Salas y de numerosos testigos y policías, pero en las últimas semanas la causa se ha ralentizado y no se materializan las citaciones de los testigos que faltan, según informan a EFE fuentes jurídicas españolas.
Faltan por ser citados tres testigos desde Alemania (la ex mujer del acusado, la hermana de ella y un amigo de Dahud), y tres desde Madrid (una funcionaria y dos traductores que intervinieron en la investigación policial)
Por ese motivo las acusaciones consideran que el juzgado está incurriendo en dilaciones no habituales en Venezuela y que no deberían permitirse, apuntan las fuentes.
Detallan que por ejemplo que el juzgado admitió no celebrar una vista este jueves, 5 de octubre, porque se argumentó que en España es festivo, cuando en realidad es festivo el jueves 12.
Una vez conocidas estas circunstancias, el letrado Víctor Joel Salas ha dicho a EFE que aparentemente “se están dando unas dilaciones indebidas que perjudican al procedimiento, afectan a las víctimas y a esta defensa”.
“Unas demoras innecesarias tras más de siete años de proceso y que generan indefensión a las partes”, ha añadido.
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