El primer ministro cubano, Manuel Marrero, confirmó este viernes que una comisión gubernamental trabaja en una nueva legislación para las micro, medianas y pequeñas empresas ( mipymes). En una reunión con 470 abogados, consultores y asesores jurídicos, el político señaló que la regulación busca “arreglar y conducir” las “distorsiones” que han surgido a medida que los “nuevos actores económicos” han ido ganando protagonismo en la economía.
La posibilidad de un cambio en las reglas del juego para los empresarios –que afectará también a los cubanoamericanos interesados en tener negocios en la Isla– había sido anticipada por fuentes diplomáticas cubanas durante la reciente visita de Miguel Díaz-Canel a Nueva York. Según el Nuevo Herald, los funcionarios aseguraron entonces estar “contemplando y trabajando en una legislación” para facilitar las inversiones de los cubanoamericanos y dejarles ser dueños de mipymes inscritas en Cuba.
Marrero no aludió a esas “transformaciones” para brindar “nuevas oportunidades de negocios”, que prometió Díaz-Canel en Nueva York, sino que concentró su intervención en advertir de que el Gobierno no daría “un paso atrás” con la decisión de darle alas a las mipymes. No obstante, habrá límites. El político indicó que, aunque había “consenso” entre las autoridades para impulsar el desarrollo de las empresas, la prioridad sigue siendo “la empresa estatal socialista”.
El primer ministro señaló que otra de las cuestiones a definir es el “nivel de aprobación” de las nuevas empresas y el “tiempo en que se realiza”
Además, indicó que parte de la legislación tiene que ver con la “actualización de la lista de las actividades prohibidas”, que en este momento incluye labores tan disímiles como la creación de sindicatos, la manufactura de azúcar y tabaco, y el periodismo independiente. El primer ministro señaló que otra de las cuestiones a definir es el “nivel de aprobación” de las nuevas empresas y el “tiempo en que se realiza”.
Marrero se dirigió a los juristas durante el III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial y les informó de que en el proceso de implementación de la ley para las mipymes serán ellos los encargados de velar por que se cumpla al pie de la letra. Además, anunció la creación de dos nuevas instituciones, de las que no dio detalles, para “atender” a los cuentapropistas y a los distintos grupos empresariales estatales.
Sobre esto último, volvió a apostillar que el Gobierno está obligado a proteger la “empresa estatal socialista”, como manda “expresamente” la Constitución.
Tras la reunión con los juristas, Marrero se encontró con una comisión del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, encabezada por su presidente, Jesús Santiago Ollero. La prensa oficial fue hermética sobre el contenido de este intercambio. Ollero, en Cuba para “cumplimentar una agenda de trabajo” con el ministerio cubano de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, elogió la “transformación digital” de los registros civiles en la Isla y de otras instituciones.
Marrero volvió a apostillar que el Gobierno está obligado a proteger la “empresa estatal socialista”, como manda “expresamente” la Constitución
Dijo, además, que España apoyará a La Habana en la “cooperación técnica para el desarrollo de softwares y aplicaciones informáticas”, de los que no dio detalles, y encomió la “voluntad política” del Gobierno para facilitar los trámites legales, sin aludir a las continuas trabas que enfrentan los cubanos para conseguir cualquier tipo de documento oficial. La prensa no reveló si Marrero y Ollero discutieron sobre la experiencia española en la gestión y administración de mipymes.
El futuro de los pequeños empresarios en Cuba no está claro y está sometido a los vaivenes de opinión del Gobierno, que ha aclarado en todo momento que su crecimiento pasará inevitablemente por la supervisión de las autoridades. El auge de las mipymes ha sido, no obstante los obstáculos, inevitable y ha motivado numerosas polémicas sobre si son o no una estrategia del régimen para situar a empresarios afines a la cabeza de un falso sector privado.
Así lo valora la organización Cuba Siglo 21, que ha dicho que Washington no debe apoyar financieramente a los propietarios de las mipymes de la Isla, pues esto “solo prolongará la agonía del pueblo cubano”. Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano ve con recelo la aparente flexibilidad económica de La Habana, y advierte de que “tanto los créditos en sí como la posible apertura de cuentas bancarias en EE UU (para empresarios cubanos) tienen carácter limitado y solo llegarán a un selecto grupo de personas alrededor de las capas del poder”.
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