El malestar ante la falta de transparencia del Gobierno cubano ha aumentado entre los periodistas del diario oficialista Invasor, de Ciego de Ávila. Un duro artículo desgrana un rosario de silencios y desplantes de las instituciones cuando los reporteros han indagado sobre temas que van desde los recortes energéticos hasta el funcionamiento del curso escolar.
Harta de la falta de respuestas de funcionarios y administradores, la periodista Sayli Sosa Barceló ha invocado en un texto, titulado Silencios, respeto y la comunicación pendiente, el “deber de rendir cuentas de los servidores públicos”. El recordatorio se acompaña de un “inventario de silencios”, que incluye las evasivas de los responsables de la Empresa Provincial de Transporte para ofrecer a Invasor los detalles sobre los reajustes en las rutas urbanas derivados de la crisis de combustible.
A pesar de la solicitud de información “al menos cuatro veces (…) nos han dejado esperando”, lamenta Sosa Barceló, quien también describe las coordinaciones que realizó para obtener, de las autoridades de la Dirección General de Educación, una actualización sobre el curso escolar en la provincia pero “ni así” logró los datos. Otro tanto sucedió con la corporación Cimex, gestionada por los militares, cuando la reportera solicitó conocer sobre el pago de la gasolina y el diésel utilizando solo medios electrónicos en los servicentros.
“Al teléfono nos dijeron que sí y, de hecho, hay evidencias en las redes sociales de Internet de que ya se aplica la decisión, mas, por nosotros, nadie se ha enterado”
“Al teléfono nos dijeron que sí y, de hecho, hay evidencias en las redes sociales de Internet de que ya se aplica la decisión, mas, por nosotros, nadie se ha enterado”, apunta amargamente Sosa Barceló, que añade a su artículo la nota publicada por la sucursal avileña de Cimex en su página de Facebook anunciando la eliminación del pago en efectivo en la gasolinera de La Trocha.
Cada vez, con más frecuencia, las instituciones y empresas oficiales cubanas utilizan las redes sociales y la mensajería instantánea para informar de sus ofertas, paros por roturas o por cortes de electricidad. Por lo que se infiere del artículo de Invasor, la práctica no ha venido acompañada de una comunicación más estrecha con los medios de prensa locales ni con una mayor transparencia sobre el funcionamiento interno de estas entidades.
La reportera cuenta uno de los más sonados desplantes mientras preparaban la transmisión semanal para sus plataformas digitales. “Invitamos a la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía” a explicar “la urgencia del ahorro, el uso eficiente de la electricidad”. Pero, el entusiasmo pronto se trastocó en frustración: “Nos quedamos con el set dispuesto, el camarógrafo listo y la conductora maquillada. Tuvimos, incluso, que llamar para confirmar lo que ya sospechábamos: el invitado no asistiría”.
Tras el listado de desaires, Sosa Barceló recuerda la Ley de Comunicación Social, aprobada en mayo pasado pero que todavía no ha entrado en vigor, que busca “actualizar las disposiciones referidas a la comunicación mediática y las relaciones de los medios con las fuentes”. La reportera advierte que la norma fue necesaria “habida cuenta de que ministerios, grupos empresariales y direcciones de organismos habían parcelado a su conveniencia quién, cómo, cuándo y qué decir”.
La práctica no ha venido acompañada de una comunicación más estrecha con los medios de prensa locales ni con una mayor transparencia sobre el funcionamiento interno de estas entidades
“La demora en la implementación de la Ley nunca justificaría los silencios y la poca importancia que, a veces, se le da a la función social de un periódico”, puntualiza la periodista. Un medio de prensa sobre el que asegura que “tiene iguales desafíos (en el orden material y de recursos humanos) que el resto de la sociedad y no por eso ha renunciado a honrar su encomienda”.
Sosa Barceló cierra el texto con una advertencia contundente: “Que nadie vea en estas palabras un ajuste de cuentas, altisonancias o alardes. Defendemos, desde la ética y la coherencia, el derecho a informar”.
Para reforzar la crítica, Invasor incluye al final del artículo un enlace a otra diatriba contra funcionarios y administrativos que cortan el paso al flujo informativo, publicada en agosto pasado en el periódico Escambray, de la vecina provincia de Sancti Spíritus. En aquella ocasión, el medio se cuestionaba “¿Decir o callar? Es esa la dicotomía sobre la que se balancean desde siempre decisores y periodistas”. La interrogante sigue sobre la mesa.
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