MIAMI.-Este martes 25 de febrero, el gobierno anunció la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados mayores de 13 años. Quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y penas de cárcel de hasta seis meses.
El registro requerirá que los inmigrantes proporcionen información personal, como huellas dactilares y direcciones de residencia, y se ha habilitado un formulario en línea para facilitar el proceso, otorgando un plazo de 30 días para su cumplimiento.
Aquellos que ya hayan interactuado con el gobierno, como solicitantes de asilo o permisos de trabajo, estarán exentos de registrarse. Esta medida busca criminalizar la permanencia ilegal en el país, transformando lo que antes era una infracción civil en una ofensa penal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que esta política ofrece a los inmigrantes indocumentados dos opciones: regresar a sus países de origen y seguir el proceso legal para ingresar a Estados Unidos, o enfrentar las consecuencias legales de permanecer sin autorización.
Acuerdos internacionales y deportaciones
Además, la administración Trump ha alcanzado acuerdos con varios países latinoamericanos, incluyendo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, para facilitar la deportación de migrantes desde Estados Unidos. Estos acuerdos permiten enviar migrantes a estos países como puntos de tránsito o destinos finales, con el objetivo de disuadir intentos de cruzar la frontera estadounidense.
Sin embargo, estas acciones han generado preocupaciones sobre la transparencia de los acuerdos y posibles violaciones de protecciones internacionales para refugiados y solicitantes de asilo.
Programas de residencia y ciudadanía
En un esfuerzo por atraer inversiones, el presidente Donald Trump ha introducido las “golden visas”, permisos de residencia que otorgan acceso a la ciudadanía a cambio de una inversión de 5 millones de dólares en proyectos en Estados Unidos. Este programa busca atraer a personas adineradas que contribuirían económicamente al país.
Reducción de cruces ilegales y cancelación de programas
Las políticas migratorias de mano dura parecen haber resultado en una disminución significativa de los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Según la secretaria Noem, el 22 de febrero se detuvieron solo 200 personas, la cifra diaria más baja en 15 años.
No todas las iniciativas de la administración han avanzado sin obstáculos. Un juez federal en Seattle bloqueó la orden ejecutiva del presidente Trump que cancelaba el programa de admisión de refugiados, argumentando que dicha acción implicaba una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso”. Este fallo subraya la obligación moral y legal de Estados Unidos de proteger a los refugiados y destaca las consecuencias negativas de la suspensión del programa para los afectados.
