LAS TUNAS, Cuba. — Cierto campesino de 67 años residente en el municipio Puerto Padre, en la costa norte de Las Tunas, llamó ayer al propietario de un vivero de árboles frutales preguntando si tenía posturas de mangos suficientemente crecidas —“grandes, bien grandes”, dijo—, explicando al viverista que su finca estaba situada en “una zona baja”, pero no “baja por el relieve del suelo”, sino por la baja catadura moral y comportamiento delincuencial de las personas que incursionaban en su tierra.
Resulta que los delincuentes, que cometían todo tipo de robos y diversas tropelías en aquella zona, excavando el suelo y luego nivelándolo, como si allí nunca hubiera habido sembrada una planta, habían robado al campesino tres de cuatro arbolitos de mangos injertados con variedades de clase superior, que expresamente había sembrado para sus nietos, de ahí su interés de reponerlos con plantones “bien grandes” para recuperar el tiempo perdido y a la vez dificultar un nuevo robo.
Si se realizara una encuesta de criminalidad de forma independiente respondería el régimen —según comentó en su más reciente comparecencia televisiva el gobernante Miguel Díaz-Canel— por qué en sus recorridos por el campo cubano ve que ya existen demasiados sitios donde las personas que allí “viven” —y entrecomillé la palabra viven porque, en realidad, sobreviven cuales náufragos— no plantan árboles frutales, no siembran plátanos, no crían gallinas ni cerdos, y, por supuesto, tampoco crían vacas. Esa encuesta sociológica, además de ofrecer cifras alarmantes de criminalidad, nos aportaría números abrumadoramente desalentadores sobre impunidad por prevaricación institucional.
Sé que un jurista debidamente calificado en Ciencias Penales, al leer estas dos últimas palabras, “prevaricación institucional”, exclamará: ¡Oiga, pare ahí, usted se excede! ¿Acaso usted olvidó que el delito de prevaricación tiene una esfera de autor concreta, limitada a la actuación defectuosa de un juez o un funcionario público? A tal penalista respondería yo: recuerde que estamos en Cuba. Y ya lo dijo de antiguo en su versículo 12 el Manava-Dharma-Sastra: “Cuando la justicia herida por la injusticia se presenta ante la corte y los jueces no le quitan el dardo, se hieren ellos mismos.”
El dardo de la injusticia, primero que todo, lo lleva clavado hondo en su autotitulado rol de “fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado” el Partido Comunista de Cuba (PCC), que ha manido no sólo la justicia, sino todo el quehacer nacional con sus imposiciones totalitarias que, por excesos, terminan en falta. En el vigente Código Penal, las calificaciones que se conceptúan como delito de prevaricación están previstas en los artículos 177, 178, 179. 1. 2. 3 y 180. El artículo 180 tipifica el delito en quien, maliciosamente, “faltando a los deberes de su cargo, deje de promover la persecución o sanción de una persona a quien se le atribuye o ha cometido un delito, o promueva la de aquella cuya inocencia le es conocida”, penándose tales conductas con sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de 300 a 1.000 cuotas, o ambas penas.
Si usted pregunta en el campo cubano sobre la actuación de la policía frente al delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, o ante cualquier otro delito contra la propiedad, la respuesta casi seguro será: “la policía no coge a nadie”. CubaNet publicó esta semana un extenso artículo contestando a las omisiones que terminarían en asesinatos o lesiones graves de mujeres y que recuerdan delitos de prevaricación a los que el pasado lunes, en su largo monologo televisado, Miguel Díaz-Canel, mandamás de turno del Estado y del PCC, no se refirió.
Entonces, si Díaz-Canel es el jefe supremo de las instituciones militares y policiales de Cuba, por el principio universal de dirección que expresa la no delegable responsabilidad de un jefe durante la delegación de autoridad, entonces cabe decir, y atendiendo a la cadena de mando inflexible que constituye un Estado totalitario y no de Derecho, que en Cuba el delito de prevaricación va más allá de la actuación defectuosa de un juez o un servidor público, erigiéndose en quebrantamientos del Estado contra los ciudadanos, siendo, como “dirigente superior de la sociedad y del Estado”, prevaricador el PCC en la persona de todos sus comisarios y de Díaz-Canel. En otro país cabría decir, el defensor del pueblo tiene la palabra. Pero estamos en Cuba, donde los manifestantes están en la cárcel y los ladrones robando hasta las posturas de mango.
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