La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió este martes en una audiencia pública a varios activistas cubanos para discutir sobre las violaciones a la libertad de expresión en la isla.
El evento, realizado en Washington D.C, abordó la situación de la libertad de expresión, de prensa y la nueva Ley de Comunicación Social impuesta por el régimen de La Habana.
Participaron de forma presencial la líder de la plataforma Cuba Decide Rosa María Payá; el CEO del medio Yucabyte Norges Rodríguez; y de forma virtual también estuvo el periodista Henry Constantín, quien reside dentro del país.
En su intervención, Constantín señaló que la nueva Ley de Comunicación Social, aprobada en este 2023, “tiene como objetivo actualizar el marco de prohibiciones de las cosas que los cubanos no deben hacer en términos de libertad de expresión (…) Actualiza el vocabulario represivo cubano (…) Lo esencial es el carácter arbitrario con que se aplica”.
Constantín, quien es director del medio La Hora de Cuba, recordó que en las últimas semanas ha sufrido tres detenciones, cuando intentaba realizar su labor como periodista independiente.
Desde la @cidh_iachr por comenzar nuestra audiencia sobre las atrocidades de régimen contra la libertad de expresión y en Cuba.
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Por su parte, Rodríguez explicó la restricción del acceso a internet en la isla, que el régimen de La Habana corta selectivamente o de forma masiva en caso de protestas y represión.
“Estos apagones de internet muchas veces llegan acompañados de bloqueos a redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp”, añadió el CEO de Yucabayte y puso como ejemplo las manifestaciones antigubernamentales del julio de 2021 y el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020.
Desde Civil Rights Defenders (CRD), su representante Juan Torres agregó las implicaciones negativas que está teniendo esa ley. “Hoy en Cuba se cierne un altísimo grado de temor entre aquellas voces capaces de ser agentes de influencia en actos inofensivos y pacíficos, como la publicación de historias, fotografías, textos, poemas e incluso la transmisión de sucesos en redes sociales”.
Igualmente, la opositora Rosa María Payá solicitó, a nombre de la delegación cubana, que la CIDH exija al Estado cubano la suspensión de la Ley de Comunicación Social; la liberación de los presos políticos, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar la situación de la libertad de expresión y otras violaciones de derechos humanos en la isla, crear un mecanismo especial de seguimiento para Cuba y una visita oficial a Cuba.
“Estamos exigiendo justicia sabiendo que las actuales autoridades del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparadas para ser justas y mucho menos para defender la dignidad humana”, concluyó Payá.
