Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, detenido por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, exige una fe de vida del preso político que fue trasladado, sin previo aviso, hacia la cárcel Melena del Sur, Mayabeque.
Este viernes, Aranda viajó hasta el centro penitenciario Melena II pero las autoridades de la cárcel no le permitieron ver a su esposo, de 42 años. “Lo trasladaron el sábado 28 de octubre pero yo no lo sabía”, cuenta la mujer a 14ymedio. “Fui el lunes a verlo a la prisión de Quivicán donde él estaba antes y ahí fue donde me enteré de que lo habían cambiado de cárcel”.
“No me dieron explicación ninguna”, cuenta Aranda. “Mi esposo no me ha llamado por lo que, hasta que no me dejen verlo, doy a Juan Enrique por desaparecido”. La mujer se mantuvo por horas a las afueras del penal, pero finalmente no pudo entrar y comprobar si el preso político está en el centro penitenciario. “No me dejaron verlo”, lamenta.
Este diario conoció del traslado de Pérez a Melena II a través de Layda Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yasiel Palau Jacinto, condenado a cinco años de prisión por manifestarse el 11J y quien también fue llevado desde Quivicán, el pasado fin de semana, a Melena II. En una llamada telefónica, el joven de 28 años confirmó que ambos fueron llevados “esposados de pies y manos” al penal.
El traslado podría estar motivado por un intento de las autoridades penitenciarias de separar a los prisioneros del 11J que, en la cárcel de Quivicán, hicieron en julio pasado una huelga de hambre reclamando sus derechos y denunciando los malos tratos a los que son sometidos los prisioneros políticos.
El propio Pérez, condenado a ocho años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y propagación de epidemias, hizo el año pasado una huelga de hambre reclamando su libertad. En aquel momento estaba recluido en la prisión Melena II y, tras comenzar el ayuno, lo trasladaron a una celda de castigo en Quivicán.
La imagen de Juan Enrique Pérez Sánchez, padre de cuatro hijos, sosteniendo un cartel que decía “era tanta el hambre que nos comimos el miedo” es una de las más icónicas de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. De aquella jornada, Aranda recuerda que ambos se manifestaron pacíficamente en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz de Mayabeque, y “llegó una guagua con policías vestidos de civil”.
“Nos cayeron arriba, nos golpearon con mucha violencia y nos arrestaron junto a otras personas que también se estaban manifestando”, recuerda la mujer. “Nos trasladaron a una prisión en San José de las Lajas, mi esposo estaba muy golpeado y hasta le partieron una costilla que nunca llegó a curársele bien y todavía le duele”.
“Nos cayeron arriba, nos golpearon con mucha violencia y nos arrestaron junto a otras personas que también se estaban manifestando”
“Nos separaron y a los 12 días me soltaron con una fianza de 8.000 pesos. Vine a saber de mi esposo a los cinco meses cuando recibí su primera llamada desde la cárcel Melena II”, detalla. “En el juicio le pedían 12 años que al final se le quedaron en ocho”.
“El 11 de julio del año pasado volvió a manifestarse dentro de la prisión, los guardias lo golpearon y lo mandaron a una celda de castigo. Su salud es frágil, es hipertenso y asmático”, enumera Aranda. “Él no ha dejado de protestar y reclamar sus derechos”, resume.
Antes de que la vida se torciera y Juan Enrique Pérez Sánchez terminara en la prisión, el hombre “tenía una pequeña carpintería en la casa y también un taller donde arreglaba teléfonos móviles y computadoras”. Pero aquellos tiempos de estar rodeado de cables, serruchos y destornilladores le parecen ahora a la esposa un pasado remoto, un tiempo que no volverá.
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