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Bancarización forzosa en Cuba: Una perspectiva de Derechos Humanos – Cubalex

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Bancarización forzosa en Cuba: Una perspectiva de Derechos Humanos – Cubalex

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En el mes de agosto, Cuba comenzó a implementar un programa de bancarización y pagos electrónicos con el objetivo de modernizar el sistema financiero y promover la igualdad económica en el país. Sin embargo, la implementación apresurada por parte del gobierno ha generado preocupación y descontento, al exacerbar las múltiples crisis que ya afectan a la población, desde la economía inestable hasta la desigualdad social.

La bancarización forzosa suma dificultades a un entorno ya caracterizado por serias limitaciones, y podría agravar los problemas sociales y económicos preexistentes en la Isla. Por este motivo el análisis debe ir más allá de la eficacia del sistema bancario estatal, sino también revisar serias cuestiones en términos de restricciones de derechos fundamentales.

El programa de bancarización y la implementación de pagos electrónicos en Cuba, en lugar de resolver los problemas económicos del país, ha presentado nuevos dilemas en términos de derechos humanos. El equipo legal de Cubalex comparte algunas de esas preocupaciones:

  • La infraestructura tecnológica requerida para implementar pagos electrónicos es inadecuada. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad en el país de un sistema de pagos electrónicos. La mayoría de la población en Cuba carece de acceso a teléfonos inteligentes y a Internet, y la calidad del servicio es deficiente.
  • El mercado negro, que prospera debido a las políticas restrictivas del Estado, desempeña un papel crucial en la economía cubana. Estas restricciones, que son utilizadas como herramientas de control y represión, podrían convertir la bancarización en otro método para la discrecionalidad gubernamental.
  • La escasez de efectivo y la obligación de pagar un servicio de forma electrónica amenazan el derecho a una alimentación y nivel de vida adecuados, ya que restringen el acceso a bienes y servicios esenciales.
  • Este sistema también limita las oportunidades laborales, afectando especialmente el derecho al trabajo. Esto suscita serias preocupaciones sobre la privacidad y el control estatal sobre la vida económica de los individuos.
  • La adopción generalizada de pagos electrónicos podría permitir un mayor control estatal de las transacciones financieras individuales, poniendo en peligro el derecho a la privacidad y al control financiero personal en un país con un sistema totalitario y sin Estado de Derecho.
  • Estas políticas también exacerban las desigualdades sociales. Las personas que tienen dificultades para acceder a sistemas electrónicos podrían enfrentar discriminación y exclusión, lo que atentaría contra los derechos de igualdad y no discriminación.

En un país con una acentuada crisis en sectores como la economía, la energía y la salud, la bancarización se ha convertido en un problema adicional que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables. Las dificultades logísticas y estructurales, desde cajeros automáticos vacíos, la falta de efectivo, hasta un sistema de Internet deficiente, han socavado la viabilidad de un sistema de pagos por la vía electrónica.

Estos factores, junto con la falta de transparencia y preparación por parte de las instituciones financieras, hacen que la transición a un sistema de pagos electrónicos sea, en el mejor de los casos, problemática.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las implicaciones son aún más preocupantes. Las medidas económicas están afectando el acceso a bienes y servicios básicos, limitando las oportunidades laborales y agravando las desigualdades sociales. Además, la posibilidad de un mayor control estatal de las transacciones financieras pone en riesgo el derecho a la privacidad.

Es esencial que la transición hacia un sistema de pagos electrónicos en Cuba se revise y adapte a las condiciones internas. Este proceso no se limita únicamente a cuestiones de modernización económica, sino que está intrínsecamente ligado a la estructura social, económica y política del país. Para que una reforma de esta envergadura tenga éxito, debe ser inclusiva, transparente y, sobre todo, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población.

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