La formidable columna de humo que se extiende desde la bahía de La Habana hacia el este es el ejemplo más fehaciente del daño medioambiental que provocan las centrales flotantes turcas, presentes en la Isla desde 2019. Las chimeneas de la Suheyla Sultan, de 240 megavatios (MW) y conectada a la termoeléctrica de Tallapiedra, lanzan a la atmósfera cantidades considerables de monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno (NOx), dos peligrosos contaminantes.
A pesar del riesgo de toxicidad, las autoridades –que alquilan cinco embarcaciones del mismo tipo a la empresa Karpowership por un precio anual estimado de 31 millones de dólares– han instalado las patanas en los puertos de sus dos ciudades más pobladas, Santiago de Cuba y La Habana, y en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.
Para calibrar el daño y en ausencia de informes oficiales, 14ymedio consultó el proceso legal que enfrentó Karpowership en República Dominicana para situar dos patanas en Pueblo Viejo de Azua, un área costera protegida. A pesar de que el Ministerio dominicano de Medio Ambiente concedió la licencia para instalar dos centrales flotantes (que suman 180 MW, apenas un tercio de la capacidad instalada en Cuba), las protestas de activistas, científicos, pescadores y habitantes de la zona permanecen al rojo vivo.
Según la comisión gubernamental que aprobó el proyecto, las patanas tienen chimeneas de 55 metros de altura y 1,8 de diámetro, y emiten a la atmósfera 100 miligramos de NOx por cada metro cúbico y 290 de CO a una temperatura de 45 ºC.
Las ‘patanas’ tienen chimeneas de 55 metros de altura y 1,8 de diámetro, y emiten a la atmósfera 100 miligramos de NOx por cada metro cúbico y 290 de CO a una temperatura de 45 ºC
Ante estos valores, Karpowership no se comprometió a nada y los expertos se limitaron a afirmar que “se espera que la emisión de gases de combustión durante el funcionamiento normal de los barcos tenga emisiones de contaminantes atmosféricos como CO y NOx. Se espera que los niveles de emisión de los contaminantes (monóxido de carbono y óxido de nitrógeno) se encuentren por debajo de los límites máximos establecidos” por el Reglamento Técnico Ambiental dominicano.
No obstante, la compañía tuvo que desembolsar un total de 5.275.000 de dólares en un programa de “adecuación ambiental” que incluyó un plan de contingencias, análisis de riesgos, medidas preventivas ante el cambio climático y dinero para posibles restauraciones.
A juzgar por el rastro de humo lechoso que cubre La Habana, es improbable que Cuba, que a diferencia de República Dominicana mantiene un secreto total sobre el contrato firmado con la compañía turca, haya tomado medidas similares para prevenir estos niveles contaminación. Otra diferencia importante entre los dos países: mientras la población cubana no parece preocuparse por la nube de contaminación que cubre La Habana, las protestas siguen en Dominicana contra las patanas de Karpowership.
A finales de 2022, una de las centrales, la Irem Sultan, tuvo que abandonar temporalmente República Dominicana tras varios disturbios protagonizados por los residentes en Azua y recalar en La Habana. No pudo regresar hasta que los directivos de Karpowership lograron la licencia medioambiental.
El pasado mayo, tras varias declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento dominicano, la viceministra de Gestión Ambiental, Indira de Jesús, debió presentar nuevos argumentos para justificar que las embarcaciones no afectaban la zona protegida de Azua.
Sin embargo, el diario Al Momento reveló que tanto las centrales como los barcos de apoyo incurren en “derrames permanentes” de combustible, además de generar una corriente marina que pasa por el interior de las naves para enfriar sus calderas, y que absorbe y quema, durante la succión, a cientos de peces y otras especies. El efecto de este proceso es un calentamiento notable del agua, que disminuye sus niveles de oxígeno y daña la fauna de la costa.
Entre los animales más afectados ha estado el manatí, en peligro de extinción, que depende para alimentarse de manglares ubicados a menos de 100 metros de las patanas. La Academia de Ciencias de la República Dominicana denunció, además, que la actividad de las centrales está dañando el hábitat de langostas y cangrejos, muy sensibles a la temperatura del agua.
La contaminación está afectando también a los habitantes de la zona, dependientes de la pesca, que han exigido a las autoridades en múltiples ocasiones una respuesta por los hallazgos de peces muertos o envenenados en la costa.
En República Dominicana, “la esperanza está puesta en el sistema de justicia”, que puede llamar a contar a los funcionarios que autorizaron la instalación de las patanas y a los gobernantes que firmaron los permisos, aún estando conscientes del daño. Sin embargo, en Cuba, donde los tribunales responden al régimen y ningún experto se ha atrevido a denunciar el desastre ambiental que provocan las patanas, las chimeneas de la Suheyla Sultan seguirán arrojando impunemente toxinas sobre el cielo de La Habana.
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