MIAMI, Estados Unidos. – En un reciente encuentro con miembros del Parlamento Europeo (PE), representantes del Movimiento Acciones por la Democracia y miembros de la sociedad civil cubana y europea discutieron este lunes la Carta Denuncia entregada al ente multinacional en julio de 2023, cuando se cumplían dos años de las históricas protestas del 11J en Cuba.
De acuerdo con el reporte de Diario de Cuba, los activistas Lázaro Mireles, Evelyn Calderón Vázquez y Arturo de Armas Lago sostuvieron reuniones con Juerguen Foecking y Julia Borque, encargados de las Relaciones Públicas de la institución europea.
“El objetivo de esta acción es dejar muy claro la posición de los cubanos libres en contra de la dictadura aquí en Europa y, de una manera bastante firme, porque muchas veces hemos sido no ninguneados, pero sí dejados un poco de lado”, declaró De Armas a Diario de Cuba.
Entre las demandas clave presentadas en Madrid, se encuentra el “cese inmediato del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba”, además de una “disculpa formal y pública” por parte de Josep Borrell Fontelles y Eamon Gilmore por sus recientes visitas a La Habana.
Por su parte, Mireles destacó la contraproducencia del acuerdo con la UE para el pueblo cubano y dijo que este “sigue oxigenando desde Europa al régimen de La Habana y esto va en detrimento del pueblo cubano”.
Además, los activistas solicitaron la formación de una comisión especial para atender sus reclamos y la creación de una agenda de trabajo con el PE que permita visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba.
En noviembre de 2023, el Gobierno de Suecia solicitó formalmente la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de la Unión Europea (UE) con el régimen cubano, un hecho sin precedentes motivado por las graves violaciones de los derechos humanos en la Isla.
“Durante el otoño, en el marco de la cooperación de la UE, Suecia pidió que se iniciara un debate sobre el ADPC y sus resultados. Para que se lleve a cabo una revisión, se requiere del apoyo de varios Estados miembros, y Suecia sigue siendo clara (…) en que vemos que la actual política de compromiso con Cuba no está teniendo el efecto deseado”, indicó en ese momento Johan Forssell, ministro sueco de Desarrollo y Comercio Exterior.
De acuerdo con sus declaraciones, el asesinato del preso político cubano Luis Barrios, así como el fracaso de la visita a la Isla del representante de la UE, Eamon Gilmore, contribuyen a que el tono europeo hacia la dictadura se siga fortaleciendo.
“Se puede afirmar que la situación en Cuba durante los últimos cinco años no ha mejorado, a pesar de los esfuerzos tanto de Suecia como de la UE para promover la democracia y los derechos humanos en el país. En cambio (…) ha empeorado en algunas partes”, resaltó Forssel.
Además, el ministro sueco mencionó que la realidad de Cuba causaba preocupación y calificó como “alarmantes” los informes de torturas en las cárceles de la Isla.
Por su parte, legisladores de Costa Rica y del Reino Unido también han pedido a sus gobiernos respuestas sobre acciones violentas del régimen castrista.
El jefe de fracción costarricense del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, presentó una moción en su país para pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos cubanos y condenar al Gobierno de la Isla por la muerte de manifestante pacífico del 11 de julio, Luis Barrios Díaz, a quien se le negó la atención médica en prisión.
Mientras, en el Reino Unido, el Miembro de la Cámara de los Lores, Lord Blencathra, pidió al ministro de Defensa de su país información sobre las tropas cubanas en la guerra de Ucrania. En su respuesta, el funcionario expresó la preocupación del Gobierno británico sobre las redes de reclutamiento que funcionan dentro de Cuba.
Bajo el ADPC negociado en diciembre de 2016, la UE entrega actualmente unos 155 millones de euros a organizaciones e instituciones del régimen castrista, utilizados en unos 80 proyectos de desarrollo, en los que participan organizaciones europeas y las Naciones Unidas como administradores de los fondos.
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