Diez meses después de la detención de Yasmany González Valdés por haber realizado varias pintadas contra el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, este martes quedó concluso para sentencia el juicio en el que es procesado por el delito de propaganda enemiga. La Fiscalía pide para él seis años de prisión, dos menos que la pena máxima prevista para este delito.
Su esposa, Ilsa Ramos, contó a Martí Noticias que su abogada intenta que la condena sea inferior –de tres años– amparándose en su colaboración durante la investigación. “Dice que Yasmany no tiene que tener una pena tan cercana a la máxima sanción por ese delito, que son ocho años, porque él admitió que puso los carteles y cooperó en la prueba caligráfica. Ahora hay que esperar la sentencia firme que puede tardar hasta más de un mes”, explicó.
Al juicio, celebrado en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, pudieron asistir solo sus familiares más cercanos: sus padres y su esposa
Al juicio, celebrado en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, pudieron asistir solo sus familiares más cercanos: sus padres y su esposa. “Empezó tardísimo porque no traían a los presos, que eran él y otro muchacho, también del Combinado del Este, por ‘propaganda enemiga’ pero no en la misma causa. Un juicio previsto para las 9 de la mañana comenzó a las 11”, añadió Ramos.
La esposa del preso agregó que el fiscal abogó durante el proceso por añadir agravantes, entre ellos propaganda a través de su teléfono móvil e incitación a manifestaciones. “La abogada lo defendió, argumentando que Yasmany estaba siendo juzgado por los carteles”, expuso.
González Valdés, conocido en redes sociales como Libre Libre, fue citado a principios de abril de 2023 por la Policía, que lo vinculaba al grupo clandestino autodenominado El Nuevo Directorio (END), que se atribuía en redes sociales las pintadas de las que se acusaba al activista. El activista acudió al interrogatorio, donde se le realizaron pruebas grafológicas y se le intentó retener, sin éxito, por impago de multas no relacionadas con el caso.
Previamente, los días 20 y 23 de marzo se habían realizado dos enormes pintadas con el texto “No al PPC”, una de ellas en la Facultad de Física y otra en el Parque Aguirre. Pero fueron las dos últimas, realizadas el 17 de abril en el estadio universitario y el 7 de la calle Humboldt, las que provocaron un “violento registro” en su casa en el que 15 agentes confiscaron una brocha, un mono de mecánico y su teléfono.
Tras ese operativo fue conducido a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado e interrogado durante un mes, después de lo cual fue trasladado al Combinado del Este
Tras ese operativo fue conducido a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado e interrogado durante un mes, después de lo cual fue trasladado al Combinado del Este.
Durante su estancia en prisión, su familia ha denunciado que el activista ha sido sometido al acoso de otros presos comunes, expuesto al contagio de enfermedades y acusado de intentar formar un “movimiento opositor” dentro de la cárcel, lo que le ha valido largos períodos en celdas de castigo.
Según su esposa, durante el juicio, el fiscal recordó que el delito por el que está encausado, propaganda enemiga, está tipificado en “el Código penal que está en vigor desde 2022 y que fue aprobado por más de un 79% de la población”. Sin embargo, esa norma no ha sido sometida a referéndum y ninguno de los dos anteriores celebrados –para aprobar la Constitución en 2019 y el Código de las Familias en 2022– recibieron ese porcentaje de aprobación.
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