La apuesta de la minera australiana Antilles Gold, que pretende explotar más de 53.700 hectáreas de suelo cubano, es segura: solo trabajan en yacimientos que hayan sido excavados desde hace décadas. Es el caso de las valiosas canteras de cobre de Vega Grande, La Cristina y Buey Cabón, ubicadas en el corazón de la Sierra Maestra –la cadena montañosa más grande del país–, que fueron confiscadas por Fidel Castro a la familia Pitt-Wasmer en 1960.
Antilles Gold, que en 2022 se asoció con la estatal cubana GeoMinera S.A., comenzará a sacar cobre de las minas a finales de este año o comienzos del siguiente, según informa a 14ymedio William Pitt, uno de los herederos de la familia Pitt-Wasmer que no duda en calificar la operación como “ilegal”.
El empresario –que ha denunciado en más de una ocasión el expolio de las propiedades de su familia por parte del régimen– refiere que la compañía australiana repite el gesto de complicidad de la minera canadiense Sherritt International, a quien Pitt también ha acusado de explotar las minas de níquel y cobalto de los Pitt-Wasmer en Holguín.
“El régimen le ha concedido a Antilles Gold un régimen fiscal generoso, que incluye una exención del 15% de los impuestos sobre la extracción durante los próximos ocho años”, detalla Pitt. La estrategia de la compañía, añade, es no arriesgarse nunca. Como admite la propia página oficial de la empresa, escogieron Vega Grande, La Cristina y Buey Cabón por su cercanía al poblado minero de El Cobre, que se explota “desde 1540”.
Antilles Gold concluyó el pasado abril sus investigaciones en el cinturón de cobre de Sierra Maestra de manera satisfactoria, continúa Pitt, de ahí que los objetivos de explotación hayan quedado bien delimitados: la mina de Vega Grande, de 49.000 hectáreas, es la mayor, seguida por La Cristina (3.600) y Buey Cabón (1.100). Tan pronto como La Habana dé el visto bueno, valora el empresario, Antilles Gold y su subsidiaria Gold Caribbean comenzarán a excavar los yacimientos.
El acuerdo, no obstante, tiene sus puntos débiles. Es imposible, por ejemplo, que la totalidad de hectáreas de Vega Grande tengan minas explotables. Y podría ser que no todas las que encuentren sean realmente valiosas, señala Pitt, que reconoce que la compañía australiana podría limitarse a las propiedades mineras que ya existen.
Por su parte y a pesar de su pequeña extensión, La Cristina sí tiene “minas de mucho valor”, agrega. “La Cristina en realidad consiste en un número de minas individuales que también son conocidas como las minas del río Yao, pues están próximas a ese caudal y a su afluente, el río Brazo Buey”, describe el empresario. Las minas del Yao, una joya al norte de la Sierra Maestra, se encuentran no lejos de Bayamo, en la localidad de Barrio Bueyecito.
En total, los terrenos de La Cristina ocupan 2.505 hectáreas y contienen 36 minas conocidas. “Las más importantes son las llamadas Eureka”. Un 55% de esas propiedades, refiere Pitt, pertenecía a la familia del magnate Leland Stevenson, mientras que el resto era de los Pitt-Wasmer.
En 1971, Leland Stevenson aprovechó su ciudadanía estadounidense e impuso una demanda al Gobierno cubano
En 1971, Leland Stevenson aprovechó su ciudadanía estadounidense e impuso una demanda al Gobierno cubano, a través de la Comisión Internacional de Reclamos y Ajustes. Sin embargo, lamenta Pitt, su padre –que tenía nacionalidad cubana– no pudo hacer lo mismo, aunque sí se presentó “como testigo y experto ingeniero de minas” en el tribunal. “Al reclamar el derecho de Stevenson a su 55%, pudo, indirectamente, subrayar su derecho al otro 45% frente a la corte”, asegura.
Durante el juicio comparecieron otros testigos de peso, como Alfred Sherman, un ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que declaró que el valor de los minerales de La Cristina superaba los 100.000 millones de dólares de la época, una cantidad que se dispararía hoy, con el alza de los precios del oro, la plata y el cobre.
El pasado diciembre, al denunciar la situación de las propiedades de su familia en Holguín, Pitt advirtió de que permitir que el Gobierno cubano saldara sus deudas con la canadiense Sherritt –unos 362 millones de dólares cuando se realizó la denuncia– mediante el expolio de las minas de níquel y cobalto de la Isla sentaría un “peligroso precedente” en la gestión económica del país.
Además, expuso, la impunidad con la que actuó Sherritt sería un incentivo para que otras compañías se interesen –como ha hecho Antilles Gold– en los privilegios de explotación que podría ofrecerles el régimen. Los Pitt-Wasmer, que iniciaron un proceso legal contra Sherritt para defender sus derechos, no se han pronunciado aún sobre una posible reclamación contra la empresa australiana.
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