El nombramiento del desaparecido Rodrigo Malmierca, antiguo ministro de Comercio Exterior, como embajador de Cuba en Canadá y la actualización del cronograma legislativo para 2024 son algunos de los más de 30 acuerdos aprobados “por unanimidad” en el Parlamento cubano las últimas semanas y publicados este lunes en la Gaceta Oficial.
Malmierca, sobre quien la prensa oficial ha guardado silencio desde su sustitución en abril de 2023 por Ricardo Cabrisas, ocupará la oficina en Ottawa de Héctor Igarza –que será “trasladado de misión”– como embajador extraordinario y plenipotenciario. La medida parece encaminada a reforzar los vínculos económicos con el país norteramericano, principal emisor de turistas a Cuba, con el envío de un gerifalte del régimen.
El documento del Parlamento, firmado en cada una de sus páginas por su presidente, Esteban Lazo, inicia –luego de una declaración de adhesión a Palestina y contra Israel– con la aprobación del plan económico para 2024, diseñado por el recién destituido ministro de Economía Alejandro Gil. El también viceprimer ministro, según se desprende del texto, tenía que rendir cuentas a los diputados a finales de enero, pero salió del cargo días después de la fecha prevista para esa reunión, de la cual no hay información.
La hoja de ruta legislativa del régimen en los últimos meses –y sus numerosos vaivenes– se hace evidente en el texto, que reclama en varios apartados “la más alta fiscalización” del trabajo
La hoja de ruta legislativa del régimen en los últimos meses –y sus numerosos vaivenes– se hace evidente en el texto, que reclama en varios apartados “la más alta fiscalización” del trabajo de varios ministerios.
Uno de los casos más alarmantes, por su nivel de desorganización, es la cartera de Agricultura. Para ella, la Asamblea instruye emplear cuanto antes a los cuadros a quienes hizo estudiar el diplomado Directivos del Futuro, y cuyo objetivo es la formación exprés de dirigentes para los campos de la Isla.
Para resolver la debacle agrícola y la falta de insumos –que los productores llevan años denunciando–, el Parlamento propone al Gobierno “la creación de un mercado mayorista de insumos, materias primas, medicamentos, herramientas y tecnologías para los productores, utilizando como fuentes financieras los ingresos en divisas que se generan por las exportaciones”. La prioridad: el tabaco, cuya gestión el Parlamento considera ejemplar y exige que se apliquen sus “experiencias” a otros productos.
La delincuencia en los campos sigue siendo una realidad preocupante y ha hecho obsoletas, admiten, las actuales Directivas Generales para Prevenir y Enfrentar el Delito, las Ilegalidades, la Corrupción y las Indisciplinas Sociales. El Parlamento pide “rediseñar” su estrategia contra el robo y sacrificio de ganado, que se ha multiplicado en todo el país.
Los diputados no piensan tomar ninguna medida concreta, pero recomiendan “interesar a los organismos de la Administración Central del Estado”
A tres provincias se les presta especial atención: Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara, cuyos gobernadores comparecieron en el Parlamento el pasado año poniendo sobre la mesa los fracasos en la ejecución de sus planes y los números en rojo. En el caso de la primera, su propio dirigente la declaró “ingobernable” el pasado diciembre por la inflación que sufren sus comercios y la corrupción administrativa.
Los diputados no piensan tomar ninguna medida concreta, pero recomiendan “interesar a los organismos de la Administración Central del Estado” para que “en lo que les corresponde presten atención diferenciada a Las Tunas sobre problemas complejos acumulados que provocan insatisfacciones de la población”.
En cuanto a Cienfuegos y Villa Clara, con dificultades similares, la Asamblea pide planes para mejorar la zafra –en el caso de la primera–, en picada desde hace años, y atender, en la segunda, las deficiencias en la construcción, el comercio y la “prevención social”.
El cronograma legislativo para 2024 incluye una Ley de Extranjería y otras de Ciudadanía y Migración, a cargo del Ministerio del Interior. Economía propondrá la de Empresas, el de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente una Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
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