La Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de EE UU rechazó este lunes la posibilidad de que los migrantes que entraron en ese país con el formulario I-220A (conocido como libertad bajo palabra) puedan recurrir a la Ley de Ajuste Cubano (LAC) para solicitar la residencia y será obligatorio que tramiten su asilo político en un juzgado de manera ordinaria.
La decisión da la razón al Gobierno de EE UU, que considera que la única opción para acogerse a la LAC es el parole humanitario y no el I-220A, un documento que se entrega a quienes son liberados por las autoridades migratorias que los detuvieron al entrar de manera ilegal en el país. Más de 200.000 cubanos estaban pendientes de la decisión, ya que aspiraban a pedir la residencia al cumplirse un año y un día de su llegada, como establece la LAC.
El fallo, contra el que cabe recurso, ha generado una gran incertidumbre y dolor entre los cubanos que esperaban esta vía, más expedita, que la del asilo político individual
Así fue como un juez de Miami regularizó la situación de un cubano que llegó al país con una I-220A en 2022. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión por considerar que ese permiso no constituye un parole humanitario y no es aplicable la Ley de Ajuste.
El fallo, contra el que cabe recurso, ha generado una gran incertidumbre y dolor entre los cubanos que esperaban esta vía, más expedita, que la del asilo político individual.
Si el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito (Alabama, Florida y Georgia) o el Supremo no tumban la decisión, los migrantes cubanos que posean la I-220A se verán obligados a plantear sus causas en un juzgado de manera ordinaria, encareciendo y prolongando un proceso que, además, podría ser rechazado finalmente y acabar en deportación.
El pasado abril, un grupo de cubanos se reunió frente al restaurante Versailles de Miami para exigir el fin de las deportaciones y la regularización para quienes obtuvieron un documento I-220A al ingresar en Estados Unidos.
En la protesta se escucharon gritos de “¡No a la deportación!”, “¡Libertad para los presos políticos!” y “Abajo la dictadura”.
Desde que en enero de 2023 entró en vigor la nueva política del Gobierno de EE UU, los cubanos pueden acogerse –como los nicaragüenses y haitianos– al parole humanitario que funcionaba para ucranianos y venezolanos desde 2022. De esta manera, logran entrar de manera legal siempre y cuando cuenten con un patrocinador que avale su estancia en el país.
En la protesta se escucharon gritos de “¡No a la deportación!”, “¡Libertad para los presos políticos!” y “Abajo la dictadura”
Entre el 5 de enero y el pasado mes de julio, más de 41.000 cubanos han sido beneficiados con este nuevo modelo de entrada. Sin embargo, las solicitudes se tramitan con una lentitud mayor de la que les gustaría a los miles de personas que aspiran a abandonar la Isla y muchos se arriesgan a optar por la vía ilegal.
En lo que va de año, el Gobierno de EE UU ha devuelto a Cuba a 4.264 personas que trataron de ingresar de manera ilegal en el país. Los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que en los nueve primeros meses de este año fiscal, desde el 1 de octubre de 2022, son más de 110.000 los cubanos que han cruzado la frontera sur y casi 7.000 los interceptados por la Guardia Costera en su trayecto hacia las costas de Florida.
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