MIAMI, Estados Unidos. – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos anuló este martes un fallo de $400 millones contra cuatro compañías de cruceros —Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises— que fueron demandadas por “tráfico de propiedad confiscada” tras llevar pasajeros a Cuba y utilizar los muelles del puerto de La Habana.
En 2022, un juez federal de Miami determinó que estas líneas de cruceros participaron en “turismo prohibido” al usar instalaciones construidas por la empresa estadounidense Havana Docks, confiscadas sin compensación por el régimen de Fidel Castro en 1960.
La jueza federal Beth Bloom había ordenado a las compañías pagar $439 millones, además de los honorarios y costos legales. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta, revocó esa decisión con un fallo de dos a uno.
En una declaración conjunta ―citada por El Nuevo Herald―, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Group expresaron su satisfacción con el fallo: “Estamos satisfechos con la decisión del tribunal de apelaciones y agradecemos al tribunal por su consideración exhaustiva del caso”. Un portavoz de Carnival Corporation señaló que “estamos satisfechos con el resultado y no haremos más comentarios sobre litigios pendientes”.
El fallo de 2022 fue el primero de su tipo basado en el Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que permite a los propietarios de propiedades confiscadas en Cuba demandar a quienes se beneficien de su uso. Esta disposición fue suspendida por todos los presidentes estadounidenses desde que Bill Clinton firmó la ley en 1996, hasta que Donald Trump la activó en 2019.
El tribunal de apelaciones argumentó que Havana Docks tenía una concesión para explotar los muelles del Puerto de La Habana, pero no una “propiedad en pleno dominio”. “Cualquier interés que Havana Docks tuviera en la propiedad expiró cuando los cruceros zarparon hacia Cuba entre 2016 y 2019, ya que su concesión de 99 años expiraba en 2004”, afirmó el tribunal.
Los jueces William Pryor y Adalberto Jordán indicaron: “No creemos que el Congreso, al promulgar el Título III, haya querido convertir los intereses de propiedad que estaban limitados temporalmente al momento de su confiscación en intereses de dominio absoluto a perpetuidad, de modo que los titulares de esos intereses limitados pudieran hacer valer sus reclamaciones sobre tráfico hasta lo que Buzz Lightyear llamó ‘el infinito y más allá’”.
En la opinión mayoritaria, los jueces concluyeron que Havana Docks, aunque tenía un reclamo certificado por la Comisión de Solución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, no poseía “ningún derecho de propiedad absoluta sobre ninguna propiedad en el Puerto de La Habana”. Los jueces indicaron que la mejor forma de interpretar el lenguaje del Título III es “considerar el interés de propiedad en cuestión como si no hubiera habido expropiación, y luego determinar si la conducta alegada constituyó tráfico de ese interés”.
Por otro lado, el juez Andre L. Brasher expresó una opinión disidente: argumentó que preguntar qué habría sucedido si los muelles de Havana Docks no hubieran sido confiscados era “contrafáctico” e “incompatible” con el propósito de la Ley Helms-Burton. “Nada en el estatuto exige que un reclamante demuestre que, en ausencia de la confiscación, tendría un interés de propiedad actual y presente en su propiedad robada”, señaló Brasher. Asimismo, advirtió que esta decisión podría afectar otros casos sobre propiedades confiscadas, como patentes que hayan expirado desde 1959.
El caso, que ha estado en litigio desde 2019, podría continuar si Havana Docks solicita una nueva audiencia frente a todo el panel de jueces de apelaciones o lleva el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La firma de abogados Colson Hicks Eidson, que representa a Havana Docks, emitió un comunicado en el que destacó que “el gobierno comunista de Cuba robó por la fuerza la propiedad de Havana Docks. Eso no fue una ficción”. Además, subrayó que “el régimen comunista no ha estado reteniendo las propiedades robadas esperando que sus dueños estadounidenses regresen y las recuperen. Los líderes comunistas no electos de Cuba han utilizado las propiedades estadounidenses robadas para implementar su dictadura”.
